El Tribunal de Cuentas detecta numerosas “deficiencias de gestión en los ERTE durante la pandemia”

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión de las ayudas al empleo en pandemia a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) modificados específicamente para atender la urgencia generada por la covid. En términos generales, este organismo ha detectado numerosas “deficiencias de gestión en los ERTE durante la pandemia”. Si bien, las posibles irregularidades detectadas no tuvieron repercusiones negativas sobre un gran número de personas. En concreto, en una de las principales demandas de este informe, el Tribunal reclama al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) que “analice y revise” si las prestaciones por desempleo cobradas por 10.896 beneficiarios de ERTE, por valor de 25,4 millones de euros, fueron correctamente reconocidas y percibidas, ya que la situación de inactividad de estos trabajadores no fue comunicada por las empresas a la Seguridad Social.

Las informaciones llegadas a los fiscalizadores entre marzo de 2020 y marzo de 2022 —plazo en el que se ha centrado el análisis del tribunal— indican que más de 558.000 empresas se acogieron a los ERTE-Covid, que beneficiaron a 4,15 millones de trabajadores. El gasto público destinado a prestaciones por desempleo alcanzó los 18.278 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 7.964 millones de euros por exoneraciones de cotizaciones sociales.

Según esto, los cobros susceptibles de ser indebidos por parte de beneficiarios por parte de casi 11.000 trabajadores antes citados representan una parte ínfima de los más de cuatro millones afectados en algún momento por estas ayudas. Si bien, los responsables del Tribunal de Cuentas han precisado que los controles posteriores llevados a cabo por el Sepe y la Inspección de Trabajo han supuesto la reclamación de unas cantidades “indeterminadas” porque el servicio estatal de empleo no distingue el origen de los reintegros de las cuantías indebidamente abonadas.

La falta de un sistema informático específico de gestión de los ERTE “dificultó el seguimiento de los expedientes tramitados” en un momento de grave crisis (la Dirección General de Trabajo pasó de tramitar 96 expedientes anuales a 5.000 solicitados en tres días). Además, el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre “la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes, las estatales y las de las comunidades autónomas ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-Covid”. Esto provocó, además, “la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas” y “la autorización de ERTE por órganos que no eran competentes”, entre otras cosas.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Sepe “que implante un procedimiento informatizado de tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo y que impulse un protocolo de intercambio de información entre las autoridades laborales”.

Controles de la Seguridad Social

Junto a estas deficiencias relacionadas con la gestión de los ERTE que hizo el Sepe, el Tribunal de Cuentas relata también el resultado de los controles posteriores hechos por la Seguridad Social, que se encargó de la exoneración de las cotizaciones a las empresas, que fue otra novedad de los ERTE-Covid. En este punto, constatan que las actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social detectaron indicios de distintos tipos de incumplimientos que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de trabajadores.

En concreto, la mayoría de estos posibles incumplimientos consistirían en diferencias de los días comunicados por las empresas para las exoneraciones y los comprobados por la Seguridad Social. En cualquiera de los casos, estas diferencias de cálculo de días no repercuten en los trabajadores, que quedaron cubiertos por el sistema, han precisado los autores del informe.

Otro tipo de incumplimiento detectado afectó de lleno a las empresas, ya que estas no podían acogerse a las condiciones especiales y más beneficiosas de los ERTE-Covid si repartían dividendos. Pero muchas de ellas lo hicieron, por lo que la Seguridad Social ha reclamado unos 50 millones de euros a las empresas que cometieron esta irregularidad.

Otra de las deficiencias que este informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto tiene que ver con la ausencia endémica de personal que ya registraban organismos como el Sepe, sobre todo, y en menor medida también la Seguridad Social. Así, por ejemplo, han recalcado que la contratación de la empresa pública Tragsatec para gestionar los ERTE-Covid generó nuevamente duplicidades y falta de seguimiento y control, y propicio el manejo de expedientes por parte de trabajadores sin la condición de funcionario requerida para determinadas autorizaciones.

Dicho todo esto, el Tribunal de Cuentas también ha evaluado la eficacia de los ERTE-Covid, comprobando el efecto positivo que tuvieron al detectar que se mantienen el 72% de las empresas que se acogieron a la protección de estos ajustes frente al 67% que no lo hicieron.

Algo peores fue la efectividad sobre los trabajadores, ya que al término de las medidas especiales de los ERTE, a 31 de marzo de 2022, el porcentaje de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras acogidas a un ERTE-Covid en el mismo centro de trabajo era del 62%, frente al 38% que en esa fecha no había retornado a su puesto, bien porque lo había perdido o porque se había marchado a otra empresa.

En cualquier caso, a finales de 2022, “no se había recuperado el volumen de personal preexistente al inicio de la pandemia, ya que había un 6,5% menos que a principios de marzo de 2020″, pese a la protección de estos ERTE.