El personal del BCE acusa a Lagarde de una gobernanza “antidemocrática”

Christine Lagarde parece haber conseguido controlar la inflación tras unos años de precios desbocados, pero está muy lejos de contener el malestar entre parte del personal del Banco Central Europeo sobre el modo en que la entidad se autogobierna. El último choque, adelantado este martes por el Financial Times, viene con una dura carta de cuatro páginas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el presidente del comité de empresa, Carlos Bowles, acusa a la francesa de dirigir “una fortaleza legal irresponsable”, y al Eurobanco, de regirse a nivel interno con formas “antidemocráticas”.

La misiva fue enviada este lunes por correo electrónico a Lagarde con copia a varios altos cargos, entre ellos al número dos del banco, Luis de Guindos. En ella, Bowles, también vicepresidente de Ipso, el único sindicato reconocido en el BCE, con cerca de 700 miembros, se hace eco de “quejas generalizadas de favoritismo, altos índices de agotamiento y la vulnerabilidad de muchos colegas que trabajan con contratos temporales”.

Las críticas se producen en un contexto de enfrentamiento. El BCE quiere que a partir de mediados de 2026 todos los representantes electos de los trabajadores dediquen parte de su tiempo a sus labores habituales, porque eso les facilitaría retomar su carrera en un futuro de un modo más sencillo.

Las leyes alemanas permiten que los miembros de los comités de empresa se dediquen íntegramente a defender al personal, sin embargo, al ser una institución extraterritorial, el BCE no está obligado a seguir esa legislación, ni ninguna de otros países de la UE. Un poder que los líderes sindicales consideran “desproporcionado”. Actualmente, dos personas se dedican al comité y al sindicato al 100%, otras dos al 80%, una al 75%, y cuatro al 50%. Con las modificaciones, el portavoz tendría el 75% del tiempo, y el resto de miembros el 50%.

La decisión sobre estos cambios, con los que el BCE busca además ampliar el número de componentes del comité de empresa de nueve a diez, que sus mandatos pasen de dos a tres años, y volverlo más diverso —solo hay una mujer—, no está tomada. Se encuentra en fase de consulta, pero fuentes de los representantes de los trabajadores estiman que el fin último es deshacerse de los miembros más combativos. Y advierten de que al obligarles a volver a su puesto dispondrán de menos tiempo para atender a una plantilla que no ha dejado de crecer, y con ello sus necesidades, por lo que les resultaría muy complicado ejercer esos dos trabajos simultáneamente.

Un portavoz del BCE, en cambio, insiste en que estas medidas “permitirán a los representantes del personal desarrollar su carrera profesional y mantenerse estrechamente vinculados al mandato público del BCE, a la vez que defienden las necesidades del personal”.

La batalla va más allá de un conflicto sobre cómo deben ejercer su labor los representantes de los trabajadores. El texto afea a Lagarde que no existe una cultura de rendición de cuentas en el proceso interno de toma de decisiones, lo cual tiene un impacto operativo. “Si los compañeros no se sienten libres de expresar su opinión, no podrán aprovechar al máximo su experiencia (y simplemente aceptarán lo que les diga su superior)”, aseguran fuentes de la plantilla. En su opinión, el BCE debería implementar el modelo social europeo, lo que en la práctica supondría más participación de los trabajadores y convenios colectivos para determinar las condiciones de empleo.

Los reproches presentes en la carta de Bowles, que lleva en el banco 17 años, son constantes. Acusa a sus responsables de cierta hipocresía, al proclamar de puertas para afuera el valor fundamental del Estado de Derecho. “Lamentamos ver que estos principios, expresados fuera de la institución, parecen tener poco valor dentro de ella”. Y afirma que la institución actúa como un “miniestado”, debido a la concentración de poder en pocas manos. “[El poder] se extiende hasta que encuentra límites”, señala en el documento citando a Montesquieu, adalid de la separación de poderes.

Los desencuentros entre la cúpula del BCE y los representantes sindicales vienen de lejos. Entre febrero y marzo de este año, Ipso lanzó una encuesta que dejó en muy mal lugar la gobernanza del banco. Respondieron 1.192 empleados, alrededor de una cuarta parte de los 4.700 trabajadores del BCE, y de ellos, solo el 19% afirmó que la entidad hace un buen trabajo ascendiendo a la gente más competente, y únicamente un 8% dijo tener una confianza alta en el comité ejecutivo del banco.

Los sondeos que el sindicato realiza periódicamente dejaron en 2024 algunos datos alarmantes. Casi el 40% de la plantilla aseguró estar al borde de sufrir el síndrome del trabajador quemado, y hasta el 9% pensó en el suicidio.

Fuentes del BCE indican que se toman el problema muy en serio, y que esta primavera realizaron pequeñas reuniones con empleados —los llamados focus groups— de distintos niveles para ver el modo de mitigar los problemas de salud mental. Recuerdan también que cuentan con una línea directa disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y con profesionales de la salud en su centro médico, que complementan con material de formación, seminarios web y podcasts sobre bienestar mental y físico.

Además, defienden que han ganado el 80% de los 91 casos de conflictos laborales que han llegado al Tribunal de Justicia de la UE. “Estamos firmemente comprometidos con el Estado de derecho y operamos dentro de un marco laboral claro, estrechamente alineado con el Estatuto del Personal de la UE y sujeto al escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, remarcan.