El juez desestima la demanda de Celsa contra Rubiralta aunque reconoce que había un crédito incobrable de 500 millones

El primero de los procesos judiciales a los que se enfrentaba Francesc Rubiralta por su gestión al frente de Celsa ha terminado de forma positiva para el antiguo administrador, presidente y consejero delegado del grupo siderúrgico. El juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda formulada por los actuales propietarios de Celsa, que acusaban a Rubiralta de haber usado la compañía para dar préstamos por valor de 500 millones de euros a sociedades de la familia y luego no reclamarlos, con lo que entendían que eran créditos fraudulentos que nunca iban a retornar a las arcas de la empresa. En la sentencia, el juez recoge que existieron estos préstamos y reconoce que el crédito efectivamente era “incobrable” y “desde su origen inexigible”. Pero no ve infracción en el deber de diligencia ni en el deber de lealtad, y considera acreditado que estos préstamos fueron prorrogados tácitamente durante años y que nunca fueron reclamados, tampoco por los ahora demandantes, que entonces eran acreedores de la compañía y tenían conocimiento de todo ello. La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia de Barcelona, impone a los demandantes pagar las costas del proceso.

Durante la vista oral del juicio, que se celebró el pasado día 16, los demandantes argumentaban que la familia Rubiralta había usado Celsa para prestar dinero a sociedades familiares con la voluntad de no devolverlos nunca. Los actuales propietarios, que llevaron a Rubiralta a la justicia, se hicieron con la empresa tras una histórica sentencia de noviembre de 2023, cuando los fondos acreedores que atesoraban buena parte de la ingente deuda de Celsa se apoyaron en la reciente ley concursal y consiguieron que el juez homologase su plan de reestructuración: cambiar la deuda que tenían por el 100% de las acciones, y pasar a ser ellos los propietarios de Celsa, fundada en 1967 por la familia Rubiralta. La empresa había acumulado mucha deuda tras un proceso de expansión que la situó en una posición de liderazgo en el sector del acero, pero que fue insostenible cuando la pandemia de coronavirus paró la actividad y convirtió la deuda en un problema.

En el juicio, Rubiralta explicó que cuando él llegó a la máxima posición ejecutiva en la empresa —en 2010, tras la muerte de su padre— constató en el saldo del grupo que existía un crédito intragrupo que Celsa había dado a sociedades de la familia, las llamadas “picos” —Inversiones Pico Espadas, que es la que controla Celsa (que ahora está en manos de los fondos acreedores y que es la que ha presentado la demanda) e Inversiones Pico Aneto e Inversiones Pico Anayet, dos sociedades de inversión que vehiculan los intereses de la familia Rubiralta—. En total, el valor de los préstamos que Celsa había dado a las sociedades familiares ascendía a unos 500 millones de euros. El exdirectivo explicó que estos créditos se prorrogaron tácitamente de forma anual hasta 2017, cuando esta prórroga se formalizó en un contrato específico del que, afirmó Rubiralta, todo el Consejo de Administración estaba al corriente, incluidos los fondos acreedores. Estos, ahora propietarios, intentaron convencer al juez de que la Celsa de los Rubiralta no había reclamado los créditos y que ello iba en contra de los intereses de la empresa. Además, insistieron en el hecho de que la compañía había realizado un borrado de correos electrónicos justo antes del cambio de propiedad, que Rubiralta justificó por la prevención ante ciberataques. El juez zanja este debate argumentando que no está conectado con lo que se estaba reclamando.

En su sentencia, el juez concluye que, aunque el crédito (469 millones de euros más intereses, en total los 504 millones que reclamaban los demandantes) existía y era “incobrable”, no se puede demostrar que el hecho de no reclamarlo iba en contra de los intereses de la compañía. “No concurre infracción del deber de diligencia ni del deber de lealtad en el actuar del demandado en su condición de administrador de la sociedad, ni se ha acreditado que su conducta hubiera causado daño directo y efectivo y real al patrimonio social, exigencia imprescindible para la prosperabilidad de la acción conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo”, apunta la sentencia, de 28 páginas, en sus conclusiones.

El juez considera que, en el contexto económico del periodo que cubre la reclamación (2020 a 2022), “la reclamación del crédito no solo resultaba improcedente en el contexto económico, financiero y jurídico del grupo Celsa, sino que habría perjudicado el interés social y el de los socios comunes”. Es decir, que si Celsa no reclamaba el crédito no iba en contra del interés de la compañía, ya que todas las sociedades patrimoniales formaban parte del mismo grupo y el interés era común, por lo que, según la sentencia, no hubo infracción del deber de lealtad. El juez además recuerda que los demandantes, cuando eran acreedores, tenían “pleno conocimiento de la situación del crédito intragrupo”, y considera contradictorio que ahora reclamen lo que en su momento no reclamaron y llegaron a calificar como “incobrable” y a deteriorarlo contablemente al 100%.

Además de esta causa, que todavía no está cerrada porque cabe recurso, Rubiralta se enfrenta a otras dos. La segunda causa es por otro supuesto préstamo de 22 millones a una sociedad en la que figuraba su madre y que sí fue pagado. Y la tercera es por administración desleal por apropiación indebida, ya que la acusación considera que cuando Celsa tenía graves necesidades financieras, Rubiralta percibió una retribución excesiva.