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Golpe a Google: la abogada de la UE respalda la mayor multa impuesta por la Comisión Europea

La jurista pide al TJUE que desestime el recurso del gigante tecnológico contra el castigo de 4.125 millones por “abuso de posición dominante”

Dos mujeres pasan por delante del logo de Google en un edificio en Hannover (Alemania).
Manuel V. Gómez

Alphabet y Google han recibido una muy mala noticia: la abogada General de la UE se inclina por rechazar su recurso contra la multa que le impuso la Comisión en 2018, la más alta de la historia hasta ahora. La opinión de la jurista Juliane Kokott el gigante tecnológico para por ratificar la conclusión a la que llegó entonces Bruselas que era que el gigante tecnológico estadounidense “abusó de posición dominante al imponer a los fabricantes de móviles y operadores restricciones contrarias a la competencia. Aunque la opinión de la abogada no determina el resultado de la sentencia que fallará el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en unos meses, en la mayoría de casos los magistrados suelen ir en la misma línea.

La sanción que respalda Kokott es de 4.125 millones de euros, que se dividen entre Google y su matriz, Alphabet, sociedad que si se ratifica el fallo tendrá que aportar 1.922 millones.

En julio de 2018, Bruselas multó a Google con 4.340 millones por abusar de posición dominante al implantar Google Search y Google Chrome cuando los fabricantes de móviles recurren al sistema operativo Android. En el primer recurso ante el Tribunal General (TGUE) la empresa norteamericana no tuvo mucho éxito. El fallo confirmó casi toda la decisión de la Comisión Europea excepto una parte que conllevó una pequeña rebaja en la sanción: hasta los 4.125 millones. Y es este fallo el que pide Kokott que se ratifique.

Durante el pleito, los abogados de la Comisión destacaron que Google siguió una estrategia de “palo y zanahoria” que restringió la competencia. Según este relato, la empresa estadounidense obligaba a instalar de serie aplicaciones como el navegador Chrome y el buscador Google Search a fabricantes de móviles si estos querían tener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store. Y, además, defendieron que es contrario a la competencia que el gigante tecnológico obligue a los fabricantes a no utilizar variantes no autorizadas de su sistema operativo, Android.

Seguían así los argumentos expuestos por los servicios de Competencia de la Comisión en su sanción que hablaba de que “los fabricantes de móviles solo podían obtener una licencia para ‘Play Store’, la tienda de aplicaciones, si preinstalaban” esos programas informáticos en sus dispositivos. Y, además, subrayaba que “Google supeditaba la participación de los fabricantes y de los operadores de redes en los ingresos por publicidad al requisito de que no preinstalaran ningún otro servicio de búsqueda general en los dispositivos incluidos en una cartera predeterminada (’reparto de ingresos’)“.

Todos estos argumentos ya fueron ratificados por TGUE y solo hubo una declaración de nulidad parcial en cómo se fijó la multa. Alphabet, evidentemente, no se conformó con esta decisión y recurrió ante el tribunal superior, el TJUE. Es a esta instancia a la que Kokott le plantea esta solución jurídica que, como siempre advierte la justicia europea, “no vincula al Tribunal de Justicia”.

La empresa ha reaccionado a estas conclusiones con un comunicado muy escueto en el que destaca que “Android ha creado más opciones para todos y da soporte a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo". Nos decepciona el dictamen que, si fuera seguido por el Tribunal, desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a los usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android”, añade la empresa, utilizando un argumento muy repetido por los gigantes tecnológicos cuando se les impone una sanción o medidas forzosas sobre sus acciones en el mercado.

La sanción recurrida es la mayor que ha impuesto la Comisión en su historia por infringir las normas de Competencia en la UE. Esta se impuso en 2018 y superó a la que hasta entonces era la más grande, 2.424 millones, que también sancionaba los abusos de mercado de Google. Esta ya ha sido ratificada por el TJUE y es definitiva. Ambas se mantienen todavía como las más cuantiosas.

Sobre Alphabet pesa una tercera de 1.490 millones, que ha corrido mejor suerte en la primera instancia judicial, pues el Tribunal General anuló la decisión. La Comisión no ha aceptado esta decisión y ahora está recurrida.

Tomando las tres decisiones, las sanciones iniciales a este gran gigante tecnológico estadounidense ascienden a una cantidad que ronda los 8.000 millones. Siendo grandes, estos castigos no suponen una penalización muy honerosa para este tipo de empresas. Esta afirmación se sustenta en la comparación entre esa cifra y los beneficios que logró Alphabet en 2024, algo más de 100.000 millones de dólares (87.200 millones de euros) o los ingresos en el mismo ejercicio, 350.000 millones de dólares.

A estos castigos se refería la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, hace poco más de un mes cuando afirmó que “ha habido muy cuantiosas en el pasado que desgraciadamente no llevaron a un cambio de comportamiento por parte de estos actores”. Esta afirmación también se basa en el tiempo que pasa desde que se inicia una investigación hasta que hay un fallo definitivo. Por ejemplo, en este caso la investigación se abrió en 2016. Es decir, nueve años después darse aquel paso todavía no hay un fallo definitivo.

Debido a esto, Bruselas aprobó en 2022 el reglamento de los mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés) con el que se imponen más obligaciones a los grandes actores del mercado ante el riesgo de que incurran en abusos por sus prácticas. Además, cuando se detecta que no están actuando respecto al DMA se abre un expediente en el que la empresa afectada y Bruselas negocian una solución. Si esta no llega, la Comisión puede llegar a imponer medidas que cambien incluso el modelo de negocio de la compañía.

El contenido de este pleito recuerda mucho al que hubo este verano en Estados Unidos, en el que un juez de Washington acabó condenando a la filial de Alphabet por tener un comportamiento monopolístico y, aunque todavía no ha impuesto el castigo, el fiscal general ya ha pedido que la empresa venda parte de su negocio.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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