Los trabajadores de Vestas en Daimiel se rebelan contra las enfermedades profesionales: “Falta información sobre los químicos que se utilizan”

Los trabajadores de la planta de Vestas en Daimiel (Ciudad Real), especializada en la fabricación de palas eólicas, mantienen el pulso con la multinacional danesa para mejorar la salud laboral de sus cerca de 1.000 empleados. Tras reanudar los paros de 48 horas la semana pasada y llevar sus protestas hasta la sede de Vestas en Madrid, el comité de empresa de la factoría daimieleña decidirá este miércoles si continúa o no con la huelga para facilitar el diálogo con la dirección.

Los trabajadores acusan a la factoría de graves incumplimientos en salud laboral. Según denuncian, la empresa acumula, desde 2016, más de 60 casos de enfermedad profesional entre la plantilla por su negativa a invertir en medidas laborales de prevención y aplicar la normativa laboral que regula la exposición a agentes cancerígenos. Esa cifra, precisan, sería una estimación “conservadora”, ya que muchos casos se están tramitando como enfermedad común.

Afecciones respiratorias y dermatitis

“No se evalúan adecuadamente todos los riesgos, falta mucha información sobre los químicos que se utilizan en cada puesto y hay productos que ni se miden ni se especifican”, explica José Miguel Martín, presidente del comité de empresa, que destaca el “alto número de enfermedades profesionales”, sobre todo afecciones respiratorias y dermatitis. “Además, hay un número importante de abortos, compañeros con problemas de fertilidad y otras enfermedades que podrían estar relacionadas con el uso de cancerígenos o disruptores endocrinos”. Martín asegura que la empresa, la segunda más relevante de la provincia de Ciudad Real por empleados, se escuda en que los trabajadores no hacen uso de los EPIs. Pero estos equipos de protección individual, dice el sindicalista, se ciñen solo a determinados procesos y dejan desprotegidas otras áreas, como el almacén, donde también hay trabajadores que han enfermado.

Según el comité de empresa, el reguero de requerimientos de la Inspección de Trabajo es largo. En 2014 fueron 13 expedientes y en lo que va de año son ya una decena. Los incumplimientos, según denuncian los sindicatos, alcanzan también a la limpieza de los vapores acumulados en las paredes de las instalaciones, la falta de taquillas dobles —para separar la ropa limpia de la de trabajo— o los tiempos de aseo. Y añaden que las deficiencias en el “curado” (tiempo de secado) de los productos que recubren las palas, “por el mal estado de las mantas térmicas o para, presuntamente, adelantar tiempos”, aumentan el riesgo de exposición a estos componentes. “Pedimos una mayor inversión en medidas colectivas frente a medidas individuales, aislando, por ejemplo, los procesos”, insiste Martín. “Da la sensación de que prefieren pagar sanciones a hacer las cosas bien”, sostiene el delegado de CC OO de Vestas en Daimiel.

Fuentes de la compañía consultadas por EL PAÍS señalan que la seguridad laboral es “la máxima prioridad para Vestas, con un estricto cumplimiento de la regulación” y señalan los más de 700.000 euros invertidos desde mediados de 2024 en mejoras de seguridad colectivas. “Para los próximos meses se finalizarán mejoras adicionales por valor de casi un millón de euros, fruto del consenso con los empleados”, añaden. La empresa afirma respetar “estrictamente” el derecho a la manifestación y a la huelga, aunque reconoce que “el clima actual de tensión no contribuye a encontrar soluciones”.

Los sindicatos denuncian coacciones a los trabajadores que secundan las movilizaciones con cambios arbitrarios de sección, servicios mínimos que incluyen procesos productivos o comentarios al personal eventual aludiendo a dificultades de cara a su posible renovación.

Despidos “injustificados”

La salud laboral es el punto más importante de la tabla reivindicativa, pero los cinco sindicatos que conforman el Comité de Empresa —CC OO, UGT, USO, CGT y CSIF— piden también el cese de los “despidos injustificados”, entre 10 y 20 todos los años. La mayoría, puntualizan, son improcedentes.

“Este año ya van 12 despidos. Nueve de ellos por bajo rendimiento, que es el eufemismo que usan para despedir sin motivo y pagar la indemnización, cosa que hacen muy a menudo y para lo que sí tienen dinero”. Martín afirma que la empresa limita la participación del comité de seguridad en las mediciones ambientales que se llevan a cabo, en las que no participan los delegados de prevención, y añade que algunos valores, como la temperatura, la ventilación o la humedad de la nave, se cambian el mismo día que se producen las inspecciones. “Han retenido a inspectores en la puerta mientras modifican el escenario”, asegura.

Los sindicatos, que cifran en un 90% el seguimiento de la huelga en el área de producción en las primeras semanas de huelga —en la última ha bajado al 70%—, dieron una tregua a la empresa hace dos semanas para no prolongar el conflicto, pero esta les remite, explica Martín, “a las reuniones trimestrales, las que obliga la ley, sin dar señales de que en ellas vaya a negociar nada”, condicionando su celebración “a la desconvocatoria de la huelga y de todo acto reivindicativo”.

La semana pasada volvieron a protestar tras la inacción de la empresa. La huelga del pasado viernes coincidió con la manifestación de casi 200 trabajadores ante las oficinas centrales de la compañía en Madrid. “Queremos trabajar en un entorno seguro, no puede ser que año tras año se incremente el número de afectados por enfermedades profesionales y trabajadores incapacitados. Somos una fábrica de palas para generar energía eólica, no una fábrica de enfermedades profesionales”, zanja.