El Supremo confirma el derecho de los inquilinos a comprar casas a precio de fondo buitre: “Ahora tenemos que aprender a dormir tranquilos”

Victoria inquilina. El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de los residentes en las viviendas públicas que Ana Botella vendió a fondos buitre cuando era alcaldesa a comprar las viviendas al mismo precio, es decir, irrisorio. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid necesitaba liquidez, por lo que vendió muchas promociones de vivienda protegida a fondos de inversión, que después subieron los alquileres y cercenaron a los inquilinos la posibilidad de comprar sus casas. Algunos de estos vecinos se organizaron, demandaron y ganaron la batalla judicial en la Audiencia Provincial. El fondo Fidere decidió recurrir está decisión hasta el final y ahora el Supremo ratifica ese fallo. Los vecinos podrán comprar su casa a un precio inimaginable: 60.000 euros de media. Se acabó la pesadilla.

El fallo recuerda que el 31 de octubre de 2013 la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) vendió 1.860 viviendas pertenecientes a 18 promociones al fondo Fidere. Todas ellas estaban bajo distintos regímenes de protección pública. Entre ellas, había una situada en la calle de Lope de Vega de Madrid.

El Consistorio aseguró a los entonces inquilinos que solo iban a notar un cambio de casero, pero que las condiciones se mantenían. En los meses sucesivos, observaron un aumento en el alquiler y, además, se dieron cuenta de que cuando acabó el periodo de arrendamiento obligatorio habían perdido el derecho de retracto. Este derecho, que estaba recogido en el contrato que habían firmado con la EMVS, obligaba a que el inquilino tuviera prioridad para comprar la casa en la que vivían.

Cuando los vecinos fueron conscientes, algunos de ellos se organizaron, según las promociones, y abrieron sendos procesos judiciales. Los primeros fueron cuatro familias de la calle de Lope de Vega, que perdieron el juicio en primera instancia, pero lo ganaron en la Audiencia Provincial de Madrid. Ellos son los protagonistas de este fallo del Supremo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que abre el camino para el resto de vecinos de otras promociones que se lanzaron a la lucha vecinal.

A los de Lope de Vega les siguieron vecinos del Ensanche de Carabanchel y otros del de Vallecas. Muchos otros desistieron y abandonaron sus casas o fueron desahuciados. El abogado Mariano Benítez de Lugo fue el que llevó adelante todas las causas, en la mayor parte de los casos sin cobrar. La justicia fue dando la razón a todos los inquilinos, pero todos dependían de esta decisión del Supremo para cerrar por fin este capítulo y ser dueños de sus casas por el ridículo precio por las que fueron adquiridas por fondos de inversión que en los últimos años han adquirido en España una parte sustancial del parqué inmobiliario.

“Con esta sentencia, más de 100 familias esperan una resolución parecida”, señala Arantxa Mejías, una de las líderes vecinales que llevó adelante esta batalla judicial y que está inmersa en otro de los pleitos que todavía esperan sentencia del Supremo. “Esto es un hito. El resto estamos esperanzados y expectantes, ya no solo por el hecho de poder comprar la casa, sino porque recuperamos un derecho y se reconoce que habíamos sido ninguneados. Con esto se demuestra que la justicia es lenta, pero es justicia”, afirma.

Mejías explica que las familias que han ganado este recurso están “contentas pero exhaustas”. “Para todos es empezar a ver el principio del fin, es quitarse una losa de más de 10 años. Ahora todos tenemos que aprender a dormir con tranquilidad, que después de tanto tiempo, es complicado”, indica.

En paralelo a este proceso judicial, se abrió otro contra los responsables de la EMVS y los de los fondos de inversión en España por las supuestas irregularidades en la compraventa de las viviendas protegidas, en el que resultaron absueltos.