En qué se gastó el dinero público durante la pandemia: sanidad, ERTE y ayudas sociales

La pandemia ha disparado el gasto público como nunca. Las medidas puestas en marcha para apuntalar la sanidad, sostener las rentas y ofrecer una red de apoyo a trabajadores y hogares inflaron en 2020 los desembolsos del Estado, las comunidades y la Seguridad Social, hasta rozar en conjunto la cifra inaudita de 590.000 millones de euros. Las partidas destinadas a asuntos económicos, salud y protección social fueron las que más crecieron, según la estadística Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas publicada este lunes por el Ministerio de Hacienda.

La crisis a la que el mundo entero se enfrenta desde principios del año pasado nada tiene que ver con las turbulencias que hasta entonces habían ido azotando cíclicamente la economía. Los confinamientos y el cierre forzoso de muchas actividades para contener los contagios han deprimido tanto la oferta como la demanda, provocando una caída del PIB que solo tiene parangón con las épocas de guerra. Ante este shock sin precedentes, también la respuesta ha sido excepcional, con una explosión del gasto público dirigida a contener la caída de las rentas y fortalecer el sistema educativo y sobre todo sanitario, a través de la contratación de personal y la compra de material.

La estadística de Hacienda agrupa el gasto público en diez epígrafes, según la clasificación de las funciones de Gobierno de Naciones Unidas (Cofog, en sus siglas en inglés). En su conjunto, las Administraciones aumentaron sus desembolsos en más de un 12% en 2020, equivalente a 64.242 millones más con respecto al ejercicio anterior.

Tan solo el gasto en desempleo se multiplicó por dos el año pasado: de los 20.085 millones de euros de 2019 a los 42.286 millones en 2020, de acuerdo con los datos provisionales del ministerio. En esta partida se incluyen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la medida estrella en materia laboral que lanzó el Gobierno al principio de la emergencia para evitar una destrucción mayor de puestos de trabajo. También creció más de un 10% la factura relativa a las bajas por enfermedad e incapacidad temporal. En conjunto, los desembolsos para protección social repuntaron un 14,3%.

El desembolso en salud también creció a una tasa de doble dígito (12,5%); cerca de un 3% el gasto en educación. Pero es la partida de asuntos económicos la que más ha aumentado en términos porcentuales, con un salto del 48,3%. En este compartimento la cifra de subvenciones se ha duplicado, y más que triplicado el importe de las transferencias de capital, reflejo de la puesta en marcha de ayudas y fondos a empresas y autónomos por parte de todas las administraciones territoriales.

“Grosso modo se gastó lo suficiente en 2020”, considera Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. “En sanidad y en protección social, con los ERTE que han evitado un incremento del paro y que además han tenido financiación del [mecanismo europeo] Sure, parece que se ha hecho bien. Pero en la parte de apoyo económico, donde se incluyen inversiones y subvenciones, cabe preguntarse si se podía haber hecho más. Las ayudas directas a empresas, por ejemplo, se aplazaron a 2021 y aún no han llegado a todas”.

Diego Martínez López, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, matiza que el espacio fiscal complicaba abrir más la manga. “Hay estudios comparativos que dicen que España se ha quedado un poco corta en cuanto a ayudas directas. Eso es también consecuencia de encarar la pandemia con un 100% de deuda pública sobre el PIB”. Recuerda que buena parte del gasto del Estado ―las transferencias a otras Administraciones aumentaron un 35% en 2020― ha ido a financiar las comunidades, responsables de prestar los servicios básicos, hasta el punto que las autonomías han registrado un superávit récord. “Es un cañonazo sin precedentes, que se mantiene este año y que me parece excesivo. Puede ser por un error de cálculo o por un exceso de prevención, pero no es normal que algunas Administraciones tengan un déficit elevado y haya superávit en las comunidades”.

Previsiones

La factura que dejará esta crisis es ingente: la deuda pública se quedará durante años por encima del 100% del PIB y los principales organismos auguran que hasta 2023 la actividad no recobrará su vigor. Y esto siempre y cuando la situación sanitaria y la coyuntura económica internacional no se deterioren.

Aun así el Gobierno confía en una vigorosa recuperación, y se ha comprometido con Bruselas a reducir el gasto público en unos 13.000 millones de euros en 2022 sin aplicar ajustes. La reducción será el reflejo de la mejora esperada en la situación sanitaria, que conllevará a su vez la paulatina retirada del escudo social que el Estado desplegó a partir de marzo de 2020.

Torres alerta de que aún hay muchos riesgos a la baja. Además de unos Presupuestos construidos sobre unas estimaciones de crecimiento demasiado optimistas y una elevada incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, la ejecución de los fondos europeos va muy retrasada. “Hay que mejorar, por un lado, la ejecución de los fondos, y por el otro dejar jugar los estabilizadores automáticos, para que el gasto responda a la menor actividad. Creo que todavía hay mucha incertidumbre: gran parte del mundo no está vacunada. Es una gran negligencia del sistema multilateral”, opina.

Martínez añade un elemento más que podría hacer saltar las previsiones de contención del gasto público el próximo ejercicio: “En 2022 hay elecciones regionales, y en 2023 generales. Es otro riesgo, que puede ser igual o más relevante que la incertidumbre sobre la coyuntura económica”.