Glovo contratará a cerca de 2.000 repartidores en España antes de 2022 para adaptarse a la ley de ‘riders’

La plataforma de reparto a domicilio Glovo ha anunciado este miércoles que contratará a cerca de 2.000 trabajadores en España antes de que acabe 2021 para adaptarse a la nueva ley de riders y cumplir con el marco legal que obliga a las compañías a contratar a los repartidores como asalariados. La empresa ha explicado que ha trabajado “a contrarreloj durante los últimos meses” para adaptarse a esta regulación, contando con un periodo de transformación que considera “muy corto”, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía. “Queremos que sea una transición real y justa, que cumpla con el marco legal y recoja la realidad del sector”, han recalcado desde la plataforma.

Así, Glovo iniciará la contratación directa de los repartidores, que tendrán horarios y retribuciones fijas, y rutas concretas para aquellos servicios en los que sea viable tecnológica y operativamente. La plataforma ha explicado que se trata de una primera fase de transición que seguirá completando y ampliando en los próximos meses.

Además, la compañía ha anunciado que lanzará un nuevo modelo “inédito en España”, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este modelo permitirá “simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia”.

Glovo consigue adaptarse a la nueva normativa después de que el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo declarara que la relación existente entre un repartidor y la plataforma tenía naturaleza laboral. El fallo llegó a raíz de un recurso de casación presentado por un exrepartidor de la empresa que reclamaba que le reconociera su condición de empleado tras una resolución en su contra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Consejo de Ministros aprobó en mayo la denominada ley de riders, destinada a asegurar que los repartidores de las plataformas digitales fueran asalariados y no falsos autónomos, tal y como sucedía hasta ahora en la inmensa mayoría de los casos. Tras seis meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos (UGT y CC OO) y las patronales (CEOE y Cepyme), el acuerdo, alcanzado en marzo, refuerza la resolución emitida por el Tribunal Supremo en septiembre cuando falló a favor de la línea en la que se posicionó desde un primer momento la Inspección de Trabajo. Esto es, la de que los repartidores deben ser empleados de las plataformas y no autónomos.