Millones “caídos del cielo” y pobreza energética

La ola de frío volvió a disparar los precios de la electricidad en enero. Es un fenómeno frecuente desde 1997 en que el Gobierno del Partido Popular implantó el método marginalista de fijación de precios, que venía reclamando el oligopolio de las eléctricas. En este método, inspirado en la escuela neoliberal vigente en varios países europeos, el precio de todas las energías queda determinado por la última que se incorpora al mercado, que es la más cara. Primero se utilizan las energías más baratas (hidráulica y nuclear) con instalaciones ya amortizadas. En invierno, al estar poco disponibles la eólica y fotovoltaica se recurre al gas natural, más costoso y que casualmente en momentos críticos suele ser especialmente caro.

Este mecanismo provocó un subidón en el mercado mayorista que alcanzó los 95 euros por megavatio-hora el 8 de enero, cuando los precios normales oscilan entre 20 y 40 euros. Facua estima que la subida de precios de la primera quincena supone un aumento del 29% interanual para el consumidor acogido a la tarifa regulada. Esto produce inmensos beneficios a las compañías propietarias de otras energías, especialmente nucleares e hidráulicas, que venden a un precio muy elevado sin haber registrado ningún sobrecoste. Es lo que se llama en la jerga del sector “beneficios caídos del cielo (windfalls)”. El economista Jorge Fabra y su hija Natalia Fabra, catedrática de Economía, han cuantificado estas ganancias inesperadas durante años, que estiman en unos 2.000 millones de euros anuales. En 10 años pueden haber significado 28.000 millones de euros, según el Análisis Crítico del Sector Eléctrico Español y el Marco Europeo, de Els Verds, dirigido por el abogado Joan Herrera.

Enrique Palazuelos, excatedrático de Economía Aplicada, recoge en su fundamental libro El oligopolio que domina el sistema eléctrico esta problemática. Precisa que las dudas existentes sobre los costes de la electricidad “se resolverían mediante una auditoría que revelase cuál es la estructura de costes y cuánto reciben como compensaciones las compañías propietarias de esas plantas. Una propuesta que reiteradamente han rechazado dichas compañías”.

Lo cierto es que en el acuerdo entre PSOE y Podemos figura el compromiso de realizar los cambios necesarios “ para acabar con la sobrerretribución conocida como “beneficios caídos del cielo”.

Lo grave es la coexistencia de estos injustificados beneficios con el empeoramiento de la pobreza energética. Según el Instituto Nacional de Estadística, los hogares que no podían mantener su casa a la temperatura adecuada han pasado del 6,2% en 2008 al 8,3% en 2017 (último dato).

María Campuzano, abogada, profunda conocedora de esta realidad y portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, (APE), censura este sistema “porque excluye a una parte de la población. Es un sistema que prioriza los beneficios de las empresas a los derechos humanos”. Añade que “la gente no puede entender que la electricidad sea más cara cuanto más se precisa”. La APE exige acabar con los cortes de luz de las familias vulnerables, la falta de mantenimiento de las compañías y una tarifa social para que todos los ciudadanos tengan este derecho básico. Falta consecuencia política.