Alcoa recurre al Tribunal Supremo la anulación del ERE a 524 trabajadores de la planta de San Cibrao

Alcoa ha iniciado el proceso para apelar ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el despido colectivo que afectaba a 524 trabajadores de la fábrica de aluminio de la empresa en Cervo (Lugo). La estadounidense está en desacuerdo con la decisión de los magistrados gallegos, que aceptaron los argumentos de los sindicatos CC OO, UGT y CIG de que la empresa llevó con “mala fe” las negociaciones para el ERE y la posibilidad de venta de la fábrica al grupo británico GFG Alliance o a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La compañía asegura que la necesidad de reestructurar la planta de aluminio persiste y que llevó el proceso de consulta con los trabajadores de manera “justa y conforme con los requisitos legales”.

La multinacional asegura que, tras estudiar los problemas de falta de competitividad de la planta, decidió apagar las cubas donde se produce el aluminio primario, y conservar solo un área de fundición, por lo que dejó fuera del ERE a 99 empleados; los necesarios para mantener esa parte de la fábrica en marcha. Los jueces apuntaron que la compañía conservó el número preciso de personal para no tener que devolver las ayudas que ha recibido del Estado, pero al mismo tiempo detener la producción. Por esto, el tribunal cree que no hay garantías suficientes de que la empresa vaya a mantener los puestos de trabajo después de que venza el plazo para la retribución de estas subvenciones.

La directiva de Alcoa mantiene que la planta de San Cibrao seguirá en pérdidas a pesar de que el Gobierno haya aprobado el Estatuto del consumidor electrointensivo, ya que creen que no garantiza un precio competitivo de la energía, ni resolverá las pérdidas de la fábrica. El TSXG considera que estas razones no son las que están verdaderamente en el centro del ERE, sino una decisión estratégica para mejorar los beneficios de la multinacional. Los letrados de la empresa calificaron este argumento como “teorías de la conspiración” cuando los sindicatos lo expusieron en el juicio.

El Ministerio de Industria y la Xunta participaron como partes interesadas en la demanda. Durante el juicio, las Administraciones reafirmaron su posición de que la empresa se esforzó en bloquear las negociaciones de traspaso para garantizar el futuro de la planta. Además, se refirieron a numerosos errores durante los contactos con los trabajadores, entre ellos, la presentación de documentación en inglés y la negativa a frenar el proceso durante el estado de alarma, como pidió la autoridad laboral.