Anfac señala a España por ser el único país que prohíbe el coche de combustión

Anfac, la patronal que integra a los fabricantes de vehículos, señala a España por ser el único país donde, por el momento, se está tramitando alguna ley que prevea prohibir la venta y la circulación de vehículos contaminantes, ya sean diésel o de combustión. La organización ha elaborado un estudio en el que analiza las iniciativas que han tomado diferentes países europeos y llega a una conclusión: "Ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante".

Aunque el Gobierno prevé legislar sobre esa materia durante este año, los fabricantes de vehículos instalados en España se centran en la norma desarrollada por el Gobierno balear, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ahora en tramitación parlamentaria, con la que pretende, a partir de 2025, prohibir la matriculación de nuevos coches diésel en la comunidad, veto que se extendería al resto de modelos de combustión una década después

No se refiere a los planes del Ministerio para la Transición Energética de prohibir la matriculación de culaquier vehículo de combustión en España a partir de 2040, norma que está en elaboración y en una continua evolución de borradores.

Anfac subraya que, pese a las amenazas para la industria en otros países, "las iniciativas en la mayor parte de los países se limitan en este momento a promesas o titulares". Como mucho, destaca el informe, se ha desarrollado un sistema de etiquetado ambiental basado prácticamente en la antigüedad del vehículo y que su utilidad se limita a las denominadas zonas de bajas emisiones.

Como han denunciado reiteradamente, los fabricantes señalan que en España se están anunciando medidas de descarbonización del parque automovilístico sin tener en cuenta incentivos para llevarlas a cabo. Esa es otra de las diferencias existentes con otros países europeos. El estudio de Anfac destaca que Reino Unido ha comprometido 2.700 millones de libras (2.350 millones de euros) para hacer la transición; Francia, 20.700 millones; y Alemania, 3.200 millones de euros.