El Gobierno quiere rehabilitar casi un millón de casas en una década para ahorrar energía

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno incluirá la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de, al menos, 100.000 viviendas al año de media entre 2021 y 2030. Según el borrador de la norma que manejan los partidos políticos, el Gobierno quiere crear una estrategia a largo plazo para adaptar el parque de viviendas a la descarbonización a la que obliga la lucha contra el cambio climático. Está previsto crear programas de ayudas y mecanismos de financiación específicos para conseguirlo.

La Ley de Cambio Climático cuyo borrador presentó esta semana la ministra de Transición Ecológica pretende desacoplar el crecimiento de la economía española y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se centra especialmente en la movilidad, con la prohibición en 2040 de la venta de vehículos diésel y gasolina y la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctricos, y en impulsar las energías renovables, con la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia renovable hasta 2030. Conseguir un parque de edificios de alta eficiencia energética también está entre las prioridades del Gobierno, que por eso lanzará una estrategia de rehabilitación para renovar los edificios existentes, tanto públicos como privados.

El borrador de la norma prevé que tanto el Estado como comunidades y entidades locales —cada una en el marco de sus competencias en urbanismo y vivienda— prioricen “la rehabilitación del parque de vivienda, la mejora del ahorro y la eficiencia energética y el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”, entre otras cosas. Para ello, se establecerán programas de ayudas y mecanismos de financiación, sobre los que el Ministerio de Transición Ecológica, a preguntas de EL PAÍS, no dio más detalles.

Estos programas prestarán “especial atención a los colectivos más vulnerables”, según el texto. También se tendrá en cuenta a la hora de distribuir las ayudas “las áreas geográficas donde se constaten mayores índices de pobreza energética, así como a zonas que hayan sufrido efectos negativos de la transición energética”. Por último, el borrador señala que las ayudas públicas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios “se vincularán al ahorro de energía previsto o logrado”.

Para reducir la demanda energética, las rehabilitaciones tendrán que mejorar el envolvente exterior y mejorar las instalaciones de los sistemas de climatización, agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico. Entre los objetivos de la estrategia para conseguir oficinas y viviendas descarbonizadas, el texto asegura que se fomentarán las auditorías energéticas periódicas que permitan a los usuarios obtener información objetiva sobre la energía consumida, identificar las ineficiencias y “valorar el potencial de ahorro”.