¿Nuevos impuestos?

Tras la vorágine de la moción de censura y la salida de Rajoy, el debate vuelve poco a poco a la cruda realidad. España es el país con mayor déficit público de la Eurozona, buena parte de ese déficit es estructural, o sea, el crecimiento del PIB no lo va a eliminar, y el Tesoro Público debe emitir cada año unos 300.000 millones en los mercados para financiar ese agujero, pagar el sueldo a los funcionarios, sufragar las pensiones y atender los vencimientos de la deuda y el pago de intereses de la misma. Y pronto empezarán a subir los tipos de interés.

Como ya anticipó la Comisión Europea y la Autoridad Fiscal (Airef), el Gobierno asume que este año, con el presupuesto aprobado por el PP, Ciudadanos, PNV y los partidos canarios, España volvería a incumplir el objetivo del 2,2% del PIB. Así que ya está renegociando en Bruselas la senda de déficit.

El problema es que el nuevo Gobierno está comprometiendo un aumento del gasto para 2019, y los números no encajan. Montoro esto siempre lo ha resuelto inflando artificialmente la previsión de ingresos hasta que el Presupuesto alcanzase el déficit comprometido. La ministra Montero ha optado por anunciar subidas de impuestos.

De momento, ha anunciado un impuesto a las empresas tecnológicas, un recargo adicional sobre los beneficios de los bancos e impuestos verdes. En los impuestos verdes se habla de equiparar el tributo del diésel al de la gasolina, lo cual afectaría a 13 millones de vehículos y a 4,4 millones de camiones y furgonetas. Parece complicado conseguir apoyos en el Parlamento para un impuesto tan impopular.

El impuesto a las tecnológicas sí que podría tener apoyos en el Congreso ante la percepción generalizada de que no pagan lo suficiente. El problema es definirlo: qué es una empresa tecnológica y qué actividad va a gravar el impuesto. Puede acabar pasando como le sucedió a Francia con la tasa Tobin que solo recaudó un 10% de lo previsto y provocó una caída de la actividad financiera que forzó al Gobierno a eliminarla pocos meses después.

La banca continúa destruyendo empleo, la rentabilidad de su capital es una cuarta parte de la que tenía antes de la crisis y los accionistas bancarios han perdido en el mejor de los casos un 60% de su dinero desde el comienzo de la crisis financiera. En China, que nos lleva años de adelanto en la economía digital, pagan, hacen depósitos y piden créditos con el móvil a través de Alipay o Wepay, y los bancos tradicionales son un sector en reconversión, como lo eran los astilleros en los años ochenta. El BCE exige más capital a las entidades financieras y, en este escenario, ¿les vamos a subir el impuesto al capital?

La realidad es que los dos últimos impuestos son de nueva creación y deben tramitarse como un proyecto de ley. Es muy poco probable que puedan ser aprobados esta legislatura. Rajoy copió la milonga del “España va bien” de Aznar durante la burbuja pero deja todo por hacer. El nuevo Gobierno tiene complicada la cuadratura del círculo.