Hacienda calcula que implantar las 35 horas de los funcionarios costaría 1.200 millones

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está dispuesto a hablar de todo con los sindicatos de la función pública, según ha expuesto la secretaria de Estado responsable del ramo, Elena Collado, en la comisión de Presupuestos del Congreso. Pero una de sus reivindicaciones, reducir la jornada laboral de 37,5 horas a la semana a 35, tiene un importante pero, su coste. Lo cifra en una cantidad que va de los 800 a los 1.200 millones. Esta cantidad lleva a Administraciones Publicas a poner este importante matiz en esa predisposición a hablar de todo.

Son varias las comunidades que contemplan jornadas de 35 horas semanales. Cuando se fijaron las 37,5, explicó Collado, fueron Andalucía y Asturias, posteriormente se han sumado otras cinco. Pero el Ejecutivo ha recurrido al Tribunal Constitucional en aquellos lugares que se ha adoptado, y, en el caso de Castilla-La Mancha, este alto tribunal le ha dado la razón. En el caso andaluz, hay una comisión bilateral y el recurso aún no ha llegado, pero Collado advirtió que si no hay acuerdo lo habrá.

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto

de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Subida de los salarios

Precisamente Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

Sobre los salarios de los empleados públicos ha dicho un 1% este año si finalmente se aprueban. Este incremento es bajo, en opinión de los sindicatos de la función pública, e insuficiente para que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Por eso, aunque en marzo firmaron un pacto con el Ejecutivo que supone la convocatoria de 250.000 plazas nuevas en la Administración, se reservaron dar su visto bueno al aumento salarial contemplado en los presupuestos.