La fiscalía quiere volver a interrogar a Rato tras el último informe de la Guardia Civil

Los peritos de la Guardia Civil concluyeron en el informe aportado al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que el ex director general del FMI blanqueó dinero procedente de paraísos fiscales cuando era el máximo responsable de Economía en la época de Aznar. El informe deshace la maraña de empresas creadas presuntamente por Rato y su familia desde 1997 y llega hasta nuestros días. Los peritos de la UCO concluyen que esta compleja estructura societaria buscaba facturar por servicios “con un encubrimiento del origen ilícito de las ganancias” y ocultar los verdaderos dueños de las sociedades mediante testaferros.

Por eso, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Antonio Serrano-Arnal que, con base en los nuevos hechos, se tome testimonio a Rato. Es decir, a raíz de los nuevos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, además de los de blanqueo y contra Hacienda Pública, se cite de nuevo a Rato en calidad de investigado.

La defensa de Rato contradice todo el informe de la Guardia Civil. Considera que es “evidente” que la UCO “ante ausencia de indicios delictivos sobre los que plantear su hipótesis criminal” recurre a unos hechos de hace más de 20 años para, “de manera tergiversada y absolutamente contraria a la realidad”, construir unos “supuestos indicios de criminalidad” sin apoyar su teoría en una “base fáctica sólida y coherente”. Sobre el blanqueo de capitales que se le imputa, su defensa recuerda que, teniendo en cuenta que dicho delito tiene un plazo de prescripción de 10 años y que este procedimiento se incoó el abril de 2015, por lo que cualquier hecho ocurrido antes de 2005 estaría prescrito.

Para la defensa de Rato, sin embargo, “no deja de sorprender” que el juez instructor insista en la posible acción delictiva a través de la empresa Cor Comunicación, de la familia Rato, “a pesar de haberse decretado el sobreseimiento de la pieza sobre Cor en octubre pasado”. Incide en que cualquier referencia a su actividad “debe eliminarse del atestado”. También se queja de que el juez haya tomado declaración a 48 personas sin que se haya informado a las defensas y “sin control judicial alguno”.