El juez amplía la imputación contra el presidente de Pescanova por no colaborar

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid de la Audiencia Nacional ha ampliado la imputación del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa por presunto delito de negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora (artículo 294 CP), en este caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según figura en el auto, el regulador remitió a la Fiscalía el expediente sancionador incoado por el comité ejecutivo de la entidad el 16 de mayo de 2013 contra el expresidente de Pescanova y otros responsables de la compañía.

El expediente se abrió por la presunta comisión de una infracción muy grave prevista la Ley del Mercado de Valores por "negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora de la CNMV". Según la Fiscalía, los hechos objeto del expediente administrativo podrían ser constitutivos de un delito del artículo 294 del Código Penal, si bien sólo respecto a Manuel Fernández de Sousa.

Fernández de Sousa está imputado en el caso Pescanova por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. En estos momentos hay ocho querellas admitidas en la Audiencia Nacional en el caso Pescanova, tres adhesiones a estas querellas y tres denuncias que en conjunto alegan un perjuicio superior a los 93,64 millones de euros. Tendrá que acudir a declarar en octubre.

Pescanova se encuentra en concurso de acreedores bajo la administración concursal de Deloitte, con una deuda financiera neta de 3.281 millones con más de cien bancos acreedores, y su agujero patrimonial es de 927 millones.

Fianza de 179 millones

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de 1.200 millones de euros a diez directivos y seis sociedades de Pescanova, entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que pagar 178.856.577 euros.

Ruz considera que hay suficientes indicios de criminalidad contra estas personas como para imponerles las fianzas por este caso, que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la compañía agroalimentaria que luego entró en concurso de acreedores.

Según el escrito, los administradores de Pescanova se valieron de información de las cuentas anuales e informes económicos de la entidad "que no se ajustaban a la realidad" para proporcionar "públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial". Señala que, mientras se animaba a invertir en la compañía, "algunos querellados, a fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad, vendieron acciones de Pescanova antes de que esta situación se diera a conocer públicamente".