Las asociaciones de energías renovables tachan la reforma eléctrica de “estafa”
Los representantes del sector critican un decreto ley que aboca al cierre de plantas y a la quiebra de los inversores

“Estafa”, “salvajada jurídica”, “disparate”. Las asociaciones de energías renovables han cargado este martes en rueda de prensa contra la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno el pasado viernes para acabar con el déficit de tarifa. El decreto-ley establece, entre otras medidas, la eliminación de las primas para las empresas del sector y su sustitución por un sistema que garantiza una “rentabilidad razonable” de las inversiones del 7,5%, con carácter retroactivo.
El sector ha criticado con dureza unas medidas que llevarán, según sus representantes, al cierre de plantas y a la quiebra de numerosos inversores, que deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financieras, al no poder devolver los créditos. "Estamos contra las cuerdas", ha alertado José Manuel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables.
Los representantes de las asociaciones sostienen, además, que esta reforma hecha “a espaldas del sector” genera una gran inseguridad jurídica para los inversores. “Este es el quinto cambio normativo retroactivo en dos años”, ha lamentado Miguel Ángel Martínez-Aroca, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). “El Gobierno ha cogido lo publicado en el BOE, donde invitaba a los inversores a poner su dinero en las renovables garantizándoles unas condiciones, y lo ha roto”, ha añadido.
“Los inversores están ahora como locos por salir del negocio”, ha asegurado, por su parte, José Donoso, de la Unión Española Fotovoltaica. "Muchos están en situaciones desesperadas. Se sienten como los afectados por las preferentes, pero, en su caso, la culpa no es de los bancos sino del Gobierno”.
Pero uno de los aspectos que más han irritado a las renovables es lo que consideran una diferencia de trato entre ellas y las eléctricas tradicionales. “No se reparte el esfuerzo. Se carga contra un sector y se le deja fuera de juego”, ha criticado Donoso. Una actitud que, según los representantes de las renovables, se debe a motivos ideológicos. “El Gobierno dice: ‘voy a destrozar la seguridad jurídica de las renovables en vez de reducir los márgenes de las eléctricas, porque no me atrevo ni a tocarle un pelo a ellas”, ha reprochado Martínez-Aroca. El presidente de Anpier achaca estas decisiones a las estrechas relaciones entre políticos y eléctricas.
La imposición de una “rentabilidad razonable” del 7,5% con carácter retroactivo es, según las asociaciones, una prueba más de la voluntad del Gobierno de impedir que las renovables compitan con las grandes empresas eléctricas. “¿Por qué no se aplica también esta medida a las nucleares?, se ha preguntado Luis Crespo, de Protermosolar, la asociación nacional de la industria solar termoeléctrica.
Las asociaciones, que han anunciado que tomarán todas las medidas jurídicas a su alcance tanto en España como en Europa, han sostenido, por último, que la rentabilidad del 7,5% fijada por el Ejecutivo se reducirá a cerca del 5% al aplicar impuestos, una cifra "muy por debajo de lo que ofrecen productos financieros más seguros".
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