Embajador español espera un pronto acuerdo sobre expropiaciones en Bolivia

El embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, confió hoy en que el Gobierno boliviano y las empresas españolas cuyas filiales en el país andino fueron nacionalizadas en el 2012 lleguen "a una solución satisfactoria en el más breve tiempo posible".

"Quiero pensar que hay buena voluntad por ambas partes", dijo el diplomático a la prensa durante un acto en el que despidió a las participantes bolivianas en la Ruta Quetzal 2013.

Bolivia nacionalizó las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) en mayo del 2012, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo económico de compensación.

Tampoco se ha establecido todavía la indemnización a la española Iberdrola tras la expropiación, en diciembre de ese mismo año, de sus acciones en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.

En los últimos meses hubo varias reuniones entre ejecutivos de REE y representantes del Gobierno boliviano, pero aún no se ha hecho público ningún acuerdo de compensación.

El proceso habitual que se sigue en Bolivia tras decretar una expropiación es el de contratar una consultora independiente que audite y establezca el valor de la empresa nacionalizada, para así fijar la compensación que se dará a sus anteriores propietarios.

El plazo que fijan por lo general los decretos de expropiación para llevar a cabo la valoración de las empresas nacionalizadas es de seis meses.

Vázquez abogó este martes por que el Ejecutivo y las empresas afectadas encuentren un "punto de flexibilidad intermedio en el que las posturas no estén demasiado separadas".

Sobre la Ley de Inversiones que prepara Bolivia para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que quieran instalarse en el país andino, el embajador señaló que tanto España como la Unión Europea siguen "de cerca" todo el proceso.

"No es que nos preocupe, pero sí nos interesa que el Gobierno establezca un marco regulatorio que facilite la llegada de empresas" tanto españolas como de otros países europeos, agregó.