Pedraz imputa a 10 exdirigentes del Banco de Valencia y empresarios

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado la investigación por el saqueo del Banco de Valencia, intervenido en 2011 debido a su situación de insolvencia, y adjudicado en noviembre pasado a La Caixa por un euro tras haber recibido ayudas que superaron los 5.500 millones. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que administró la entidad hasta principios de año, presentó en febrero siete querellas contra 29 personas, incluidos quienes fueron los máximos responsables del banco hasta su intervención. El fondo de rescate los acusó de haber provocado un daño patrimonial próximo a los 630 millones de euros. El juez ha comunicado ahora la admisión formal de tres de las querellas, y ha ordenado la primera batería de diligencias de investigación.

Entre los imputados figuran destacados empresarios del sector inmobiliario, como Joaquín Rivero, Juan Bautista Soler y Salvador Vila, junto al que fuera consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, que figura en todas las querellas del FROB.

Dos de las denuncias que el juez ha empezado a investigar se centran en la financiación por parte del banco de grandes operaciones urbanísticas. Una de ellas conocida como La Reva, preveía urbanizar más de nueve millones de metros cuadrados en Riba-roja de Túria (Valencia). La otra, proyectada en Baleares, afecta a Bartolomé Cursach, expresidente del RCD Mallorca. La tercera querella está relacionada con la guerra por el control de Metrovacesa y su participada Gecina, primera inmobiliaria francesa.

Las denuncias del FROB tienen un nexo común, consistente en que los responsables de la entidad, con Parra a la cabeza, habrían adoptado decisiones perjudiciales para el banco y muy beneficiosas para los empresarios implicados. Los propios exresponsables de la entidad habrían resultado beneficiados económicamente con ello. Pedraz atribuye indiciariamente a los imputados en la querella sobre las operaciones en La Reva y Mallorca los delitos de apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal. Y a los imputados en el marco de la pugna accionarial de Metrovacesa, los supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa en grado de tentativa y apropiación indebida.

El juez ha reclamado al Banco de España las recomendaciones que remitió a la entidad en abril de 2007, febrero de 2008 y marzo de 2009. Al Registro Mercantil, las cuentas anuales desde 2003 a 2011 de 15 empresas que habrían tenido distinto grado de participación en las dos operaciones urbanísticas investigadas.

Pedraz ha requerido igualmente al Banco de Valencia los movimientos de cuentas de varias sociedades; los informes de gobierno corporativo de la entidad desde 2006 a 2011; su manual sobre gestión de créditos de riesgo; el detalle de las facultades que Parra ostentaba en la entidad como consejero delegado, y la identificación de la persona que intervino en la concesión de un crédito de 61,2 millones de euros a dos de las empresas que intervinieron en la operación de Riba-roja (Valenciana de Inversiones Participadas y Progreso Valenciano).

El expresidente del banco, de Bancaja y de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, figura en otra de las querellas que presentó el FROB.