Economía revisará las leyes para desligar del IPC precios y servicios regulados

Los gobernantes han plagado el vocabulario de la crisis económica de eufemismos para que las palabras oscurezcan el alcance real de las medidas que adoptan. El Ejecutivo del PP aportó ayer un nuevo término, la desindexación, a este peculiar vocabulario. Lo que esconde es la idea de que hay que acabar con la subida automática de precios y servicios regulados que decenas de leyes, decretos y reglamentos vinculan a la variación anual del Índice de Precios de Consumo, el medidor más frecuente de la inflación.

La indexación es uno de los demonios recurrentes de bancos centrales y organismos internacionales, como el FMI o la Comisión Europea, que sostienen que el argumento de evitar la pérdida de poder adquisitivo se usa de forma indebida en todo tipo de actividades para subir precios sin justificación.

La subida del alquiler, cuando arrendador y arrendatario no han pactado su revisión, el precio al que la Administración paga el cemento a proveedores o las tarifas de los servicios de autobuses fueron los ejemplos que brindaron fuentes de La Moncloa en los que rige el IPC como referencia automática.

El Ministerio de Economía ya ha espigado normas estatales, autonómicas y locales para sacar a la luz este tipo de subidas automáticas amparadas por la legislación. Fuentes del Gobierno admitieron que queda “mucho trabajo técnico por delante”, incluido el de decidir si el IPC se sustituye por otros índices o si es posible actuar de forma retroactiva en contratos ya establecidos. Y el Ejecutivo se ha dado hasta final de año para aprobar la Ley de Desindexación.

Las pensiones, otra batalla

La nueva norma se superpone al deseo del Gobierno (y de Bruselas) de debatir en el Congreso una fórmula para desvincular también la revalorización de las pensiones del IPC. Pero el Ejecutivo insistió en que la Ley de Desindexación no afectará a este debate, ni será aplicable a la fijación del salario mínimo (donde no hay una cláusula automática de subida) ni del sueldo de los funcionarios (que dependen de la decisión del Gobierno año a año).

El otro motivo por el que la norma concentró la atención fue porque era una de las escasas novedades incluidas en el nuevo plan de reformas. El plan será muy distinto al que el Gobierno remitió a Bruselas hace un año. Pero, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las numerosas medidas que incorpora son conocidas, ya que el Ejecutivo las anunció en septiembre pasado o en el debate del estado de la Nación, por boca de su presidente, Mariano Rajoy, en febrero.

Además de la Ley de Desindexación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció un nuevo código de buenas prácticas para las empresas públicas.

Sáenz de Santamaría aseguró que se acelerará la tramitación de la autoridad fiscal independiente o de la ley de Transparencia (que está en el Congreso). Son cambios ya previstos en el anterior programa de reformas o en el plan con 72 medidas (entre ellas, una nueva reforma de las pensiones o una ley de colegios profesionales ) que anunció el Gobierno en septiembre. Y que debían haberse aprobado ya en marzo. También se incluyen las que anticipó Rajoy hace dos meses para facilitar la financiación a emprendedores.