Hacienda compensará a los funcionarios en abril por las retenciones de la extra

La medida afecta a cientos de miles de trabajadores que no cobraron la paga

El País

Madrid - 22 feb 2013 - 19:12CET

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El Ministerio de Hacienda ha decidido compensar en abril a los funcionarios por las retenciones que sufrieron en sus nóminas de diciembre por la paga extra de navidad que no cobraron, según ha informado el departamento que dirige Cristóbal Montoro en un comunicado. El Ministerio ya había avanzado en a finales de 2012 su intención de reponer a los afectados este dinero.

Hacienda reconoce que en diciembre no se cambiaron "las normas reguladoras de las cotizaciones por derechos pasivos y cuotas de mutualidades de funcionarios", lo que provocó que las deducciones practicadas durante ese mes en las nóminas no tuvieron en cuenta la supresión de la extra.

La medida afecta a 582.000 funcionarios que posee la Administración Central, según el último boletín estadístico del Ministerio, aunque el CSI-F cifró en su día en 900.000 el número de afectados. Más difícil aún es saber el importe medio que les será devuelto a cada funcionario. Tomando como referencia el salario medio de 29.811 euros de los empleados públicos que ofrecía la última Encuesta Salarial del INE de 2010, el importe medio a devolver a cada funcionario sería de en torno a los 80 euros.

Para realizar la compensación, el real decreto por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, incluirá una disposición adicional mediante la cual, excepcionalmente, en el mes de abril de 2013, la cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos y de la cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, será más baja.

En el recibo de nómina correspondiente a dicho mes se consignará de forma expresa y separada la cantidad minorada.

El Gobierno acordó en el verano de 2012 suprimir la paga extra de Navidad para los funcionarios, aunque se encontró con la oposición de algunos gobierno regionales, que finalmente recularon ante la decisión del Tribunal Constitucional.

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