Industria prohíbe a las petroleras que fijen los precios a las gasolineras

La advertencia ya tiene rango de ley. El ministro de Industria, José Manuel Soria, había reclamado a las petroleras que dominan la distribución de gasolina y gasóleo en España (Repsol, Cepsa y BP) que moderasen los márgenes empresariales y contribuyeran así a contener los precios, que alcanzaron niveles récord en verano. La presión política surtió efecto un par de meses, pero desde diciembre los precios, descontado el impacto de los impuestos, volvieron a subir muy por encima de la media europea. Soria lanzó un último aviso: “Modificaremos la Ley de Hidrocarburos”. En enero, según confirmó el viernes la Comisión Nacional de la Energía, siguió la escalada. Y el Gobierno responde en el Boletín Oficial del Estado.

No fue, sin embargo, Soria, sino la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que ha adelantado, tras el Consejo de Ministros, la respuesta del Ejecutivo a la escalada de precios de la gasolina (cerca ya de los 1,5 euros por litro) y el gasóleo (más de 1,4 euros) que se plasmará hoy en el BOE. Y, por lo que anticipó un comunicado de Industria, los cambios recogen buena parte de las recomendaciones hechas en octubre por Competencia en un duro informe con las petroleras.

El informe advertía de la falta de competencia interna entre las gasolineras vinculadas con los tres principales mayoristas, que explotan la ventaja de ser los únicos con refinería en España. Según Competencia, más del 70% de los carburantes se venden en estaciones de servicios suministradas por Repsol, Cepsa y BP. La mayoría están gestionadas por empresarios independientes, pero que siguen al pie de la letra la recomendación de precios que hacen las petroleras. Ahora Industria, tal y como aconsejaba Competencia, prohíbe la fijación de precios y limita a un año los contratos de suministro en exclusiva (prorrogable a otros tres) para facilitar que otros operadores ofrezcan mejores condiciones.

Competencia también hacía hincapié en las barreras de entrada a la incorporación de nuevos operadores. De nuevo con sus recomendaciones en el retrovisor, Industria allana el camino: facilitará la apertura de gasolineras en centros comerciales (también en polígonos industriales y cerca de las ITV), una vía muy explotada en otros países, como Francia, y que aquí apenas supone el 3% de la red. Para ello, se permitirá que el suministro de combustible sea compatible con el uso de suelo para fines comerciales. Además, la gasolinera no contará al calcular la superficie útil de venta permitida. Y se establece un procedimiento único de autorización para todas las comunidades, que debe resolverse antes de ocho meses.

Industria limitará la expansión de las grandes distribuidoras en provincias que ya dominan. En el comunicado, sin embargo, no se menciona ninguna medida para facilitar la construcción de nuevas refinerías, otra petición de Competencia. Y sí se incluye otra que aliviará a las petroleras (y los precios), aun a costa del compromiso medioambiental con la UE: se reduce el objetivo de consumo obligatorio de biocarburantes del 6,5% al 4,1% para 2013 y “años sucesivos”, una decisión calificada de “retrógrada” y “salvaje” por los productores de biocarburantes.

Tampoco hay alusiones a la recomendación de transparencia, con clasificaciones locales de las estaciones de servicio más baratas. Y, a falta de lo que diga el BOE, solo una mención muy general a la supervisión de los costes logísticos y de almacenamiento. Según Competencia, la influencia de las tres grandes operadoras en CLH, que opera los oleoductos y la mayoría de los almacenes de carburantes, dificulta el acceso al mercado de otras distribuidoras.