El déficit de tarifa eléctrica desborda las previsiones con 4.281 millones

El déficit de tarifa eléctrica desbordó en 2012 las previsiones del Gobierno. Según la liquidación provisional de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el déficit o diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico, fue de 4.281 millones de euros, muy lejos de los 1.500 millones que Industria se había fijado como objetivo a comienzos de año.

La menor demanda registrada y las primas a las renovables son las principales causas de esa diferencia, que el Gobierno no ha sido capaz de taponar con las sucesivas reformas del sector, que han supuesto más impuestos y menores ingresos para las compañías.

El incremento en el déficit de tarifa se produce a pesar de que, hasta diciembre, los ingresos procedentes de las tarifas de acceso costeadas por los consumidores fueron de 13.693 millones de euros, un 15% más que en los doce primeros meses de 2012. La ley fijaba que en 2012 el déficit de tarifa no podía superar los 1.500 millones de euros, pero el reciente real decreto ley sobre empleados del hogar eliminó este tope.

La energía declarada es un 2,25% inferior a la prevista a comienzos del ejercicio y un 0,08% menor que la estimación realizada para la modificación tarifaria de primeros de abril, según el informe de la CNE. Los ingresos brutos totales correspondientes a la misma son un 16,14% más elevados que los del ejercicio anterior, un 6,02% superiores, o un 7,5% inferiores, a las previsiones de las revisiones tarifarias de enero y abril respectivamente.

La cantidad destinada al pago de la prima del régimen especial (renovables y cogeneración, principalmente) asciende a 8.585,8 millones de euros, un 22,4% superior a lo previsto a comienzos del ejercicio y un 18,9% por encima de lo correspondiente al ejercicio anterior.

El déficit asciende a 4.281,897 millones de euros, superior en un 15,7% al previsto en enero, en un 114,8% al estimado en la revisión de tarifas de abril, y en un 13,14% al del ejercicio anterior.

El sistema de interrumpibilidad, en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 470 millones hasta diciembre.