El Gobierno recortará en un 22% las prestaciones de la mutua de funcionarios

El Gobierno prepara un nuevo recorte para los funcionarios en 2013, ya que prevé reducir en un 12,4% las aportaciones del Estado a la mutua de los empleados públicos (Muface). Por partidas, el Ejecutivo estudia rebajar en un 22% el gasto en prestaciones sociales que reciben los funcionarios adscritos a Muface, según ha informado el sindicato CSI-F a partir de las cifras provisionales que el Gobierno ha adelantado a los directivos de la mutua.

Entre las prestaciones sociales que reciben los empleados públicos adscritos al régimen de Muface (en torno a 1,4 millones de trabajadores más 700.000 beneficiarios) se encuentran las ayudas por incapacidad (incapacidad temporal, gran invalidez, indemnización por lesiones permanentes), subsidio por riesgo de embarazo y durante la lactancia, prestaciones familiares por parto múltiple o hijo discapacitado, ayudas a la dependencia, subsidio por jubilación, defunción, o becas al estudio.

Además, aunque los recortes de momento son provisionales hasta que no se incluyan en los presupuestos que el Gobierno presentará la próxima semana, también se espera un descenso del 8,26% en el gasto en farmacia y del 3% en el capítulo de prótesis y otras prestaciones, así como un tijeretazo en las ayudas a la compra de vivienda.

Ante los sucesivos recortes en las partidas que el Estado traspasa a Muface y la caída en la recaudación por cotizaciones, la mutua sufrió el pasado 2011unas pérdidas de 50 millones y cerró su tercer ejercicio consecutivo. Por este motivo, está tirando de la hucha acumulada en los años precedentes para seguir pagando las prestaciones. Sin embargo, este colchón se reducirá en un 43% en 2012 hasta los 300 millones. Asimismo, según advierte el sindicato de la función pública, podría acabar desapareciendo en 2013, lo que “tendría funestas consecuencias para el modelo, los funcionarios y el Sistema Nacional de Salud”, en palabras de Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de esta central.

Por otra parte, CSI-F adelanta que el Ministerio de Hacienda ha dado instrucciones a todos los organismos dependientes de la Administración del Estado a reducir en un 50% el gasto en acción social, apartado que ya se vio reducido en un 50% en los presupuestos de 2012. Por tanto, “en dos años los empleados públicos han visto como les han retraído las tres cuartas partes de esta ayuda”, critica este sindicato.