El Gobierno aplaza una semana la reforma financiera a petición de Bruselas

El Gobierno español ha decidido retrasar en una semana, a petición de Bruselas, la aprobación del decreto ley de resolución ordenada de entidades de crédito, según informó la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

"La Comisión Europea nos ha pedido una semana más para analizarlo conjuntamente y se aprobará el próximo viernes", 31 de agosto, especificó la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, ha insistido en que "no hay puntos de discrepancias, sino la voluntad de trabajar juntos" y ha defendido la participación de Europa "en el diseño de un sistema que no es fácil". Además, "si son los europeos los que ponen el dinero, el proceso hay que discutirlo y hablarlo con ello", ha argumentado la vicepresidenta, quien ha recordado que la próxima semana sigue estando dentro de plazo.

Expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional mantienen hoy una reunión en Madrid, en la que también participan representantes del Banco de España y el Ministerio de Economía para estudiar estos cambios normativos.

El futuro real decreto sigue las recomendaciones de Bruselas para cumplir con el memorando de entendimiento que recoge las ayudas de 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero español. Entre otras medidas, la norma refuerza el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la presencia del Gobierno en el mismo, para intervenir de forma temprana en entidades financieras para garantizar su viabilidad y solvencia, y establecer procesos de resolución y concurso que contemplan la venta de parte o la totalidad de las mismas.

Más poderes para el FROB

El decreto amplía los poderes del FROB en cuanto a la liquidación de entidades inviables. Se considerará inviable una entidad si es "razonablemente previsible que en un futuro próximo" vaya a incumplir de forma significativa los requisitos de solvencia, que sus pasivos superen a sus activos, o que no será capaz de cumplir puntualmente con sus obligaciones exigibles.

Por otra parte, se endurecen los requisitos de solvencia a la banca al elevar las exigencias de capital principal al 9% antes de enero de 2013, se recoge una solución para los tenedores de participaciones preferentes a cambio de una quita, y se establecen limitaciones a la comercialización de las mismas.