España logra el objetivo de reducción de cargas con el ahorro de 17.435 millones de euros

Así consta en una respuesta por escrito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la que ha tenido acceso Efe, a una pregunta del diputado socialista Luis Sahuquillo, quien se interesó por las medidas aprobadas para lograr unas administraciones más austeras, eficaces y transparentes que eviten duplicidades.

El Gobierno puso en marcha en 2008 el Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas con el objetivo de lograr esa disminución en 2012, después de que el Consejo Europeo de Primavera de 2007 acordase que los trámites derivados de la legislación debían eliminarse como mínimo un 25 % para este año.

Desde ese momento, el Consejo de Ministros ha aprobado seis acuerdos, que incluyen 283 medidas de vía rápida, para reducir las cargas en procedimientos tramitados por los departamentos ministeriales.

A la vez, el Ejecutivo ha firmado convenios de colaboración con ocho comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar este tipo de acciones dirigidas a la simplificación en sus ámbitos territoriales.

De esta manera, España ha conseguido este año cumplir "sobradamente" con el compromiso adquirido de reducir un 30 % las cargas administrativas, según la respuesta de Hacienda.

El Gobierno asegura en su contestación que esta disminución de los trámites ha supuesto un ahorro estimado de 17.435.939.745 euros para las empresas.

No obstante, el ministerio explica que la mayoría de las actuaciones medidas y recopiladas han tenido lugar en la Administración General del Estado (AGE), "dado que las comunidades autónomas y las entidades locales todavía no han facilitado todos los datos de las actuaciones realizadas en el ámbito de su competencia".

De la cifra total, las comunidades han contribuido con acciones que han supuesto un ahorro estimado de 227,32 millones de euros y los ayuntamientos con otras con un ahorro de 105,38 millones de euros para las empresas.

Las cargas son aquellas actividades de naturaleza administrativa que debe llevar a cabo una empresa o un ciudadano para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa, como solicitudes u obligaciones de comunicar datos, conservar documentos y formalizarlos.

Gracias a este plan, se pueden evaluar ahora con un sistema telemático los riesgos laborales de un negocio o solicitar directamente ayudas del ICO a través de Internet.

Respecto al proceso para identificar las cargas innecesarias y obsoletas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realiza una labor de coordinación con el resto de departamentos gubernamentales, así como organizaciones empresariales, para encontrar aquellas que puede suprimirse o reducirse.

Asimismo, hay establecida una "estrecha" colaboración con las autonomías y las corporaciones locales para coordinar los tres niveles de administración territorial en identificación de posibles actuaciones.

Todos los organismos responsables de un proyecto normativo deben realizar una memoria de análisis en la que se debe incluir una valoración del impacto económico de las cargas que se imponen a los ciudadanos y a las empresas.

Según el ministerio, España está participando también de "forma activa" en los diferentes grupos de trabajo internacionales, tanto en la Unión Europea como en la OCDE, sobre la reducción de cargas y la simplificación.

Además, se están llevando a cabo numerosas acciones de difusión de esta política sobre los trámites innecesarios a través de la participación en foros, debates y cursos de formación.