Impuestos: ¿para cuándo la estrategia?

Cuando pienso en el sistema fiscal español se me viene a la cabeza la imagen de los automóviles que circulan por el Malecón de La Habana. Buenos coches en su momento, han sido sometidos a tal cantidad de remiendos y reparaciones parciales para ir tirando, que les queda ya poco de las piezas originales y están claramente obsoletos, mires lo que mires.

A finales de los setenta y en la década de los ochenta, España transformó radicalmente su sistema fiscal. Casi todos los impuestos que pagamos hoy a la Administración central, autónoma y local se aprobaron entonces. La sombra de Enrique Fuentes Quintana como diseñador y actor se proyecta sobre esa década de cambio de modelo fiscal. Desde entonces, nos olvidamos del pensamiento estratégico en materia tributaria, obviamos pensar en el sistema fiscal como un todo, en emular las soluciones aplicadas con éxito en otros países. Salvo la mejora en nuestra eficiente agencia tributaria estatal, lo demás ha sido reparación de urgencia, avance marginal o improvisación.

Una improvisación que alcanza su apogeo en la última década. Alimentadas por la burbuja inmobiliaria, las arcas municipales, autonómicas y estatales se llenaban a rebosar, llegó la fiesta de las rebajas fiscales en el impuesto sobre sucesiones, sobre patrimonio, el IAE, en el IRPF. Como no podía ser de otra manera, el estallido de la burbuja dejó al rey desnudo. En ningún otro país la recaudación cayó tanto como en España. El problema del déficit español en perspectiva internacional no es tanto un problema de exceso de gasto como de desplome de ingresos.

Por eso ha llegado el momento de hablar en serio de impuestos. Y hay mucho de qué hablar. En primer lugar, de cómo conducir el fraude fiscal a la media de los países de nuestro entorno. Las estimaciones disponibles sobre el tamaño de nuestra economía sumergida la sitúan por encima del 20%. Reducirla cinco puntos nos aproximaría significativamente a esa media. Rebajar el fraude supone automáticamente ganar en equidad. Pero habría más equidad si se toman en serio los impuestos más progresivos, los que gravan el patrimonio y las herencias. Fue un error descentralizar la capacidad normativa sin mínimos razonablemente elevados, porque pasó lo que pasó en su día en Australia o Canadá, lo que era inevitable: carrera fiscal a la baja y progresiva desaparición de facto. Proceso al que contribuyó el anterior Gobierno central, con su muy discutible decisión de desactivar el tributo sobre el patrimonio.

Sobre la reforma fiscal verde ya hace tiempo que no se habla, desde que Miguel Ángel Fernández Ordóñez dejó la Secretaría de Estado de Hacienda. Por aquí se pueden hacer muchas cosas buenas para la eficiencia económica y para obtener recaudación. Simulaciones elaboradas por Economics for Energy apuntan que podrían llegar a obtenerse más de 8.000 millones de euros por esta vía (http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP032012.pdf)

Sobre tributación autonómica y local contamos con muchos materiales de base para reformar con sentido. Especialmente útil en el ámbito local es el informe que coordinó en 2008 el profesor Javier Suárez Pandiello para la Federación Española de Municipios y Provincias. Podríamos seguir con el IRPF y el impuesto sobre sociedades, y con la práctica totalidad de los impuestos vigentes. Pero la idea importante es que más allá de las urgencias que imponen la prima de riesgo y los problemas en el sistema financiero, no podemos seguir orillando y aplazando sine die el debate fiscal a fondo en el seno de los partidos políticos, en Parlamentos y en los Ejecutivos.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.