Argentina pidió ayuda a Bruselas en 2011 para vender su biodiésel

El decreto del Gobierno español anunciado el pasado viernes por el que se taponan las importaciones de biodiésel argentino y se priva así al Gobierno de Cristina Fernández de unos ingresos de 750 millones de euros, fue acogido con aparentes muestras de respeto en la Casa Rosada. La presidenta de Argentina declaró ese viernes: “Cualquiera que sea la decisión soberana que tome España nosotros no la vamos a cuestionar porque es decisión de cada país tomar las medidas que mejor entienda para cuidar su comercio. (…) Pero, bueno, esta es una decisión soberana del Gobierno español que va a pagar un biodiésel a sus empresarios más caro. Esto no sé cómo impactará en su economía pero está en toda su decisión hacerlo”.

Sin embargo, el año pasado, cuando el Gobierno de Zapatero intentó implantar la medida, Fernández no solo no opinaba que el Gobierno de España estaba en “su decisión de hacerlo”, sino que envió varias delegaciones a España para impedirlo y escribió a las autoridades de la UE para mostrarle su “preocupación” por lo que ahora resulta ser “una decisión soberana”.

Este periódico ha tenido acceso a la carta que el 14 de abril de 2011 remitió el entonces embajador de Argentina ante la Unión Europea, Jorge Remes Lenicov, al director general de Comercio de la UE, Jean Luc Demarty. En ella, el diplomático señalaba: “La República Argentina está particularmente preocupada por el avance en la aprobación de este proyecto normativo, por cuanto es el primer abastecedor externo del mercado español de biodiésel”.

El representante de Argentina ante la UE informó en su escrito sobre las delegaciones que en su día envió el Ejecutivo de Fernández a Madrid para frenar la medida: “Ante la trascendencia y fuerte impacto que tendría la aprobación y puesta en ejecución de Orden Ministerial española sobre las exportaciones de biodiésel argentino, el Gobierno argentino ha contactado a las autoridades españolas para que se respete la multilateralidad del comercio”.