Las comunidades esperan una rebaja de la cartera de servicios

Si el Gobierno central está agobiado por tener que cuadrar los Presupuestos, a los consejeros de Hacienda autonómicos les entran temblores cuando piensan en cómo encajar los suyos. Con un desfase presupuestario del 2,94% del PIB el año pasado, deben hacer un ajuste de 15.600 millones de euros en 2012. El problema es que cerca del 75% del gasto de las comunidades se destina a sanidad, educación y servicios sociales. Y, sin recortar alguno de estos capítulos esenciales, parece imposible que puedan cumplir con el ajuste comprometido.

Por eso, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de interlocución del Gobierno con los responsables de Economía de las regiones, los consejeros sugirieron —evitan hacer públicas sus posiciones— que necesitan un impulso del Gobierno para alcanzar el objetivo de déficit, que decidieron aprobar. Varios de los consejeros de Economía pidieron al Ejecutivo que asuma parte del coste político de los recortes que tienen que acometer, y reclamaron una rebaja en la cartera de servicios: reducir la cobertura de algunas prestaciones sanitarias.

También anhelan alguna medida estatal para poder rebajar el sueldo de los funcionarios sin asumir el coste político, ya sea mediante una modificación de las condiciones laborales o una nueva rebaja del sueldo. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha descartado esto último. Lo que sí podrán hacer las comunidades es reducir el personal laboral y eventual.

La decisión del Gobierno para que las autonomías reduzcan al mínimo su sector público empresarial —hay cerca de 4.000 empresas, entes y organismos públicos en el conjunto del Estado— justificará el despido de estos trabajadores de la Administración que no son funcionarios.

Los consejeros piden subir las tasas reguladas por el Estado

También han solicitado poder subir las tasas reguladas por el Estado, como las universitarias. La idea es regularlas en función de la renta para poder obtener más ingresos. El Ministerio de Hacienda ha creado un grupo de trabajo para estudiar estas medidas, según admitió Montoro hace dos semanas.

Durante la semana pasada ha arreciado el debate sobre el copago en la factura farmacéutica. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, abrió el melón. Desde el Ministerio de Sanidad se admite la necesidad de buscar mecanismos para la sostenibilidad de la sanidad. Y los Ejecutivos autonómicos esperan que el consejo interterritorial de Sanidad avance alguna medida en este sentido.

A pesar de todo, el Gobierno central ya ha aprobado algunas medidas para aliviar la crítica situación de las comunidades. Ha ampliado el plazo de 5 a 10 años para que devuelvan las cantidades pendientes de la liquidación de las transferencias de 2008 y 2009, que se elevan a 31.000 millones. También les anticipó seis meses parte de las transferencias que debía realizar en julio, por 6.000 millones.

Aun así, la asfixia regional amenaza con recortar el Estado de bienestar.