Anticorrupción se querella contra Joaquín Rivero por usar información privilegiada

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero por presunto uso indebido de información "concreta, no pública y relevante" en la compra de acciones de la inmobiliaria. Según la denuncia, esto ocurrió en diciembre de 2005, antes de que se informase de una operación accionarial que elevó la cotización.

La Fiscalía inició su investigación tras recibir un aviso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y acusa a Rivero de obtener un beneficio de 2,8 millones de euros. Anticorrupción incide en que Rivero pactó una serie de operaciones antes de que se hiciese público que había comprado al entonces consejero de Metrovacesa Luis Portillo un paquete accionarial superior al precio de mercado.

La querella denuncia que "a mediados de noviembre de 2005, el consejero (...) Luis Portillo manifestó a Román Sanahuja Pons y a Joaquín Rivero Valcarce (...) su intención de desprenderse de su paquete de acciones en Metrovacesa, iniciándose entre Luis Portillo y Román Sanahuja diversas negociaciones tendentes a la fijación del precio". A finales de diciembre pactan la acción a 57,5 euros, un precio "notablemente superior al de cotización en ese periodo, (51,5 euros)".

"Joaquín Rivero decidió aprovechar esta información (...) a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones de la compañía", prosigue el texto. El 22 de diciembre Rivero conoce los flecos de la negociación entre Sanahuja y Portillo; el 24 se suma a ella, y una semana después el contrato se publicita. Y, de acuerdo con lo esperado, la acción se revalorizó por encima de los 56 euros.

Anticorrupción denuncia que Rivero "incumplió las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, al aprovechar este conocimiento reservado para comprar las acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era el beneficiario último".

Rivero se enfrenta a numerosas acciones penales y administrativas por su comportamiento al frente de Metrovacesa, que presidió desde 2002 hasta 2007. El pasado mes de octubre se hizo público que la CNMV le había impuesto dos sanciones por un importe de 180.000 euros.