La mitad de las aerolíneas no ofrecen en Internet la información correcta sobre sus viajes

Alrededor de la mitad de las compañías aéreas infringen la normativa europea en las informaciones que presentan en sus páginas de Internet, según un estudio de la Comisión Europea revelado hoy por el International Herald Tribune.

De las 433 aerolíneas o agencias de viajes vendedoras de billetes examinadas por la Comisión en 14 países de la Unión y en Noruega, 217 incumplían algún aspecto de las reglas comunitarias, de acuerdo con el estudio, que debe hacerse público en noviembre, una vez que se discuta con las autoridades estatales.

Las diferencias son notables entre unos y otros países. Así, en Bélgica 46 de los 48 operadores sometidos a examen no se ajustaban en sus páginas web a las obligaciones; en Finlandia aparecían posibles infracciones en dos tercios del total; y en Suecia la mitad de los sitios examinados suscitaban sospechas de malas prácticas.

Frente a eso, en Austria no se detectaron problemas en la veintena de sitios de aerolíneas inspeccionados.

El Ejecutivo europeo no da el nombre de las compañías infractoras, pero el International Herald Tribune recuerda que el Instituto Nacional de Consumo (INC), que ha participado en las pesquisas en España, sí lo hizo el pasado 27 de septiembre.

El INC, en concreto, cargó contra la publicidad de vuelos gratuitos por parte de las aerolíneas de bajo costo Ryanair y Vueling, por no mencionar las tasas y otras cargas que debe abonar el pasajero; y también contra Iberia y Spanair, que anunciaban precios de viajes que luego era imposible comprar.

Air Berlin, EasyJet, Rumbo y Atrápalo, sin fallos

El organismo español se quejaba igualmente de que Ryanair, Transavia o Tuy Fly sólo ofrecían en inglés algunos detalles sobre las condiciones de los billetes en sus páginas para el mercado español, cuando tienen obligación de ponerlo en la lengua oficial del país.

El INC no encontró fallos en las informaciones aportadas en sus sitios Internet por Air Berlín, EasyJet, Rumbo y Atrápalo.

Una vez consultadas, las autoridades nacionales se pondrán en contacto con las compañías acusadas para pedirles clarificaciones o exigirles que modifiquen sus prácticas y podrían ser objeto de acciones legales que condujeran incluso al cierre de sus sitios web.