Bruselas amenaza con llevar a España ante la justicia si no retira las condiciones a la OPA de E.ON

El Gobierno español contesta que no eliminará estos requisitos a la operación porque los considera imprescindibles para asegurar el suministro

La Comisión Europea ha advertido hoy al Gobierno español de que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europa si España no retira las nuevas condiciones a la OPA de E.ON sobre Endesa. "Si el Gobierno español no retira las medidas, la Comisión está obligada a hacer respetar la legislación comunitaria", ha afirmado Jonathan Todd, el portavoz de Competencia comunitario, quien ha precisado que Bruselas no había pedido a España una respuesta a su petición de retirada de las condiciones, sino la "eliminación de las mismas". España ha respondido que no tiene previsto hacer desaparecer estos requisitos que considera imprescindibles para asegurar el suministro. El plazo para levantar estas condiciones acababa hoy.

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El Gobierno cree que sus condiciones no crean "un problema empresarial", puesto que E.ON las ha aceptado, ni contradicen la normativa europea. Simplemente, se trata de una "diferente interpretación del derecho comunitario", según fuentes del Ministerio de Industria. Si Bruselas considera que el caso debe resolverse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "es un paso que deben decidir ellos", han añadido.

De hecho, España ya modificó el pasado 3 de noviembre las condiciones que en un principio impuso a la operación, una decisión que tampoco fue aceptada por la Comisión Europea, que reclamó la eliminación de las mismas. De hecho, Bruselas considera ilegales todos los puntos que el Gobierno ve indispensables para garantizar el suministro energético del país si E.ON se hace con la primera eléctrica española.

Esas condiciones, que se mantienen y pueden acabar siendo discutidas en el Tribunal de Luxemburgo son: obligación de E.ON de mantener la marca Endesa cinco años; no vender en ese plazo los activos fuera de la España peninsular; utilizar carbón nacional en las plantas eléctricas, y prohibir a E.ON adoptar decisiones que afecten a la seguridad del suministro y que sean contrarias al ordenamiento legal español.

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