La juez decide seguir con la causa penal contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado auto de transformación de procedimiento abreviado en la causa en la que están imputados el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el ex copresidente de la entidad, José María Amusátegui y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, por las altas indemnizaciones por jubilación cobradas por estos dos últimos. Palacios ha apreciado indicios de delito de administración desleal en la actuación de los tres imputados.

El trámite seguido hoy por la juez supone la continuación de las diligencias a pesar del sobreseimiento solicitado por el fiscal el pasado 16 de septiembre. Ahora, las partes tendrán 10 días de plazo para formular un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o pedir el arcivo de la causa. También se podrán solicitar diligencias complementarias.

En el auto, la juez señala que de la investigación se infiere "la presunta participación o intervención de los imputados en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal".

La juez investiga al presidente del SCH y a los dos ex directivos a raíz de la denuncia de un accionista minoritario, que les acusó de un delito societario relacionado con la percepción por parte de Amusátegui de 43,7 millones de euros como premio de jubilación, y de 128 millones de euros por Corcóstegui por el mismo concepto.

El banco anuncia que recurrirá la decisión

El SCH ha defendido la legalidad de las retribuciones abonadas a José María Amusátegui y Angel Corcóstegui a su salida del banco y ha mostrado su "discrepancia" con la decisión de la Audiencia Nacional de continuar la causa penal contra ambos y contra Emilio Botín, por lo que recurrirá el auto de Teresa Palacios.

La entidad financiera presidida por Botín asegura que las retribuciones cobradas por Amusátegui y Corcóstegui se ajustaron a los Estatutos de la entidad y a las leyes mercantiles vigentes, "siguiendo la práctica habitual en todas las sociedades cotizadas españolas".