La reforma Fillon

Se mantiene el derecho teórico de jubilarse a los 60 años de edad, pero está condicionado a haber cotizado durante más tiempo. Los empresarios no podrán exigir la jubilación del trabajador antes de que éste cumpla los 65 años, si bien subsiste la posibilidad de prejubilarles con determinadas penalizaciones. Para evitar que abandonen el mercado laboral los trabajadores mayores de 55 años, como ocurre ahora, se aplicará una prima del 3% en la pensión por cada año trabajado entre los 60 y los 65 de edad.

Los funcionarios pasarán de cotizar a lo largo de 37,5 años a 40 en 2008, como ya lo hace el sector privado. A partir de ese año se prevén -para todos- 41 años cotizados a partir de 2012, y 42 desde 2020. Por cada ejercicio de cotización que le falte, el trabajador verá reducida su pensión en un 6%. Los que se jubilen a partir de los 65 años de edad podrán hacerlo sin descuentos, cualquiera que sea el tiempo cotizado.

El Ejecutivo no ha clarificado cuáles son los niveles de pensión que pueden alcanzarse: sólo precisa que la jubilación más baja equivaldrá al 75% del salario mínimo (5% menos que ahora), retribución situada en unos 1.000 euros mensuales. Ciertos servicios que exigen mayor actividad (los policías, por ejemplo) podrán jubilarse antes y sin penalización.

Se amplía a doce trimestres el tiempo de cotización que los trabajadores pueden comprar para completar las aportaciones a la Seguridad Social de forma que les dé derecho a una jubilación sin descuentos. Esta medida interesa a los que comienzan a cotizar tarde por razón de estudios.

Las mujeres que se hayan ocupado de tres hijos mantendrán el derecho de obtener una pensión con sólo 15 años de cotización. Se extienden a los hombres ciertas bonificaciones de pensión concedidas hasta ahora a las mujeres atienden a los hijos.