El PP evita pedir la dimisión del alcalde de Alhaurín tras su condena

Al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, le ha estallado entre las manos el llamado caso Troya. El líder regional del PP evitó ayer reclamar la dimisión del alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), el popular Juan Martín Serón, condenado en primera instancia por cohecho por servirse de su cargo exigir a un promotor local el pago de 122.000 euros tras la concesión de una licencia de obra. El líder popular trató de sustraerse a la polémica con una larga reflexión sobre los límites y el alcance de la presunción de inocencia.

Según Arenas, los partidos deberían ponerse de acuerdo sobre si las responsabilidades políticas deben exigirse al ser un gestor imputado, al recibir una sentencia que no es firme, a cuando ya no hay más vías para recurrir. "Es un debate que se tiene que resolver entre todos para que las distintas formaciones utilicen el mismo rasero", reclamó. En los últimos tiempos, Arenas ha reclamado la dimisión, entre otros, del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y del consejero de Empleo, Manuel Recio, por el caso de los ERE, causa judicial en la que estos no están siquiera imputados. También ha pedido la dimisión del expresidente autonómico Manuel Chaves por este mismo caso y por las subvenciones a la empresa Matsa, en la que trabajaba su hija.

Sin embargo, en el caso de su correligionario condenado por corrupción, Arenas ha evitado exigir la dimisión. Y eso que Martín Serón está dispuesto a dejar el cargo si Arenas, u otro miembro de la "jerarquía" del PP así se lo pide.

En una rueda de prensa en el salón de actos de la biblioteca municipal, Martín Serón anunció que recurrirá la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo al considerarla "injusta, desproporcionada, carente del rigor necesario y corporativista".

"No estamos conformes en absoluto con la sentencia", señaló el regidor, rodeado de todos los concejales del PP. Martín Serón aseguró que esperaba la absolución de todos los cargos y, además, "una reprimenda" para la Fiscalía y la Policía por sus actuaciones. El caso Troya llegó a tener 25 imputados, la mayoría empresarios locales acusados de pagar sobornos al alcalde y al también condenado edil de Urbanismo, Gregorio Guerra. En los años transcurridos desde que se destapó el caso, en enero de 2007, la Fiscalía ha retirado las acusaciones de blanqueo de capitales y prevaricación que pesaban contra los ediles y solo mantuvo 13 cargos de cohecho. Al final, la Audiencia Provincial ha condenado a ambos concejales por solo uno de los casos de soborno.