Moreno: Alaya usa "términos engañosos"

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía presentaron el pasado lunes un recurso en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para que su titular, Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos, aclare uno de sus últimos autos. En concreto, el notificado el pasado 2 de diciembre y en el que la magistrada, además de fijar la fianza para 16 de los imputados en el caso, reclamaba a la Junta que le facilitara los expedientes tramitados desde 2005 por la Consejería de Economía sobre las modificaciones presupuestarias.

Entre 2005 y la fecha actual, uno de los responsables del departamento de Economía fue el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, fue ayer la encargada de anunciar la presentación de este recurso. Según la portavoz del Gobierno autónomo, la juez Alaya empleó en su escrito de 2 de diciembre los mismos términos que emplea "el PP a la hora de solicitar determinada información de la Junta".

Moreno afirmó que esos "términos" son "engañosos o cuando menos son confusos". Alaya argumentó que la Junta utilizó la figura de la transferencia de financiación como "verdaderas subvenciones excepcionales", "prescindiendo según tales informes de la Intervención General de forma absoluta del procedimiento establecido (...) superando los límites de los créditos presupuestarios".

En su auto, la magistrada dio a la Junta 10 días para que le remitiera los expedientes tramitados desde julio de 2005 por Economía y Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno para "dotar de la tesorería" necesaria al organismo público de la Junta, la agencia IDEA, que se encargaba de tramitar las ayudas del fondo para los ERE. "Transferencias de financiación encomendadas, bien por la Consejería de Empleo en sus distintos programas y especialmente para el programa 31L, o bien por otras Consejerías, y de entre éstas, de manera significativa por la Consejería de Innovación y Ciencia", especificaba Alaya en su auto, que respondía al escrito del PP fechado el 17 de noviembre. El PP había pedido que la Junta aportara todos los expedientes tramitados por Economía para su aprobación por el Consejo de Gobierno entre 2001 y 2010.

La juez ya señaló por el mismo motivo al presidente de la Junta en un auto de noviembre. En concreto, en un escrito notificado en la recta final de la última campaña electoral. Mar Moreno fue también entonces la encargada de responder públicamente a la magistrada, a la que acusó de cometer "un error de bulto" al dictar un auto en el que se realiza una petición que no tiene "fundamento jurídico alguno". "Con voluntad o sin voluntad, errores de este tipo conducen a que el PP consiga sus objetivos políticos", añadió la portavoz de la Junta.