Brasil aprueba la amnistía de los deforestadores

Brasil mandó ayer un mensaje contradictorio al resto del mundo. Mientras su Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) anunció el lunes una histórica reducción de las áreas deforestadas en el Amazonas, el Senado, bajo fuertes presiones del sector agropecuario, aprobó anoche de forma abrumadora una reforma del Código Forestal que flexibiliza las normas para preservar la vegetación y abre la puerta a una amnistía para aquellos que han sido condenados por delitos de deforestación, que contribuye al cambio climático.

El nuevo código ha puesto en pie de guerra a amplios sectores del mundo científico, cultural y artístico brasileño. La votación en el Senado llevaba varios días de retraso por el enfrentamiento a cara de perro entre los senadores ambientalistas y los denominados ruralistas y por la avalancha de enmiendas presentadas al texto. Tantas objeciones de último minuto al código, que se discutía desde hace dos años y medio, son el puro reflejo de la controversia desatada en Brasil. Defensores y detractores solo están de acuerdo en un punto: urge la reforma del código en vigor, que data de 1965 y que desde entonces nunca ha sufrido una revisión a fondo, sino permanentes ajustes inconexos que han desembocado en enormes lagunas legales.

El Amazonas registra su menor tala salvaje desde 1988

Mientras el sector agropecuario esgrime que Brasil no podrá alcanzar su pleno potencial de desarrollo económico mientras no se amplíen las áreas susceptibles de albergar más cultivos y cabezas de ganado, los ecologistas aseguran que con las áreas ya deforestadas se puede aumentar exponencialmente la productividad sin necesidad de nuevas talas. Además alertan de que con la aprobación del nuevo código Brasil enviará un mensaje nefasto al resto del mundo: en este país se perdona a quienes hicieron negocio a costa de devastar la naturaleza. Al menos es lo que los ambientalistas interpretan de la amnistía a aquellos delitos contra la vegetación cometidos antes de 2008, que en la práctica implica que los condenados por delitos medioambientales podrán eludir el pago de las sanciones si regularizan sus propiedades en un plazo aun sin determinar.

El texto, aprobado con 58 votos a favor y 8 en contra, deberá votarse de nuevo en el Congreso para pasar después a manos de la presidenta Dilma Rousseff, que ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de una reforma que implique mayores niveles de deforestación.

La controversia no llega aislada: el Instituto de Investigaciones Espaciales anunció este lunes una drástica disminución de las áreas deforestadas en el Amazonas entre agosto de 2010 y julio de este año. Según el organismo científico, durante este periodo fueron deforestados 6.238 kilómetros cuadrados de selva, un 11% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1988, año en el que se inauguraron estas estadísticas. El Gobierno lo atribuye a un mayor control de las actividades ilegales en la selva.