Las Harleys vuelven a rodar

Las Harleys de importación y de segunda mano ya pueden circular sin problemas. Cristina Galve Calvo, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Clemente (Cuenca), ha firmado un auto por el que ordena que queden "sin efecto las medidas cautelares [inmovilización] acordadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las motocicletas". La Guardia Civil había ordenado en marzo el precinto de cientos de motos usadas de importación de esta marca "al observar un incremento inusual de revisiones, previa matriculación en España de vehículos procedentes de Estados Unidos", en una determinada ITV conquense. Algunas fuentes del sector calculan que circulan unas 5.000 Harleys importadas de segunda mano.

Desde marzo fueron inmovilizadas cientos de ellas por no estar homologadas

La juez explica en su auto que, tras recibir en su juzgado las diligencias efectuadas por la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, inició las investigaciones. En concreto, la Guardia Civil acusaba a una determinada ITV de Cuenca de "la posible comisión de un delito de falsedad en documento oficial, consistente en la falta a la verdad en el contenido de las tarjetas de inspección técnica". Es decir, los agentes sospechaban que las motos se traían de Estados Unidos y que, como no se podían homologar directamente por tener unas características técnicas distintas a las europeas (las que comercializa Harley Davidson España), la ITV conquense las legalizaba en bloque.

Pero ahora la juez ha determinado que si ese delito hubiese existido, algo que no se ha probado, ninguna de las personas implicadas tendría la condición de "autoridad o funcionario público", por lo que no existe "falsedad ideológica". Es decir, como mucho, lo denunciado podría ser una "infracción administrativa" y no "un ilícito penal". Por esta razón, señala la titular del juzgado, "procede el sobreseimiento provisional y archivo de la causa", así como "el cese de las medidas cautelares acordadas". La juez, no obstante, permite que las partes recurran y si en el plazo de cinco días no lo hacen, la resolución será firme.

Por su parte, la Plataforma de Afectados, colectivo que integra a los conductores a los que se les requisó la motocicleta, considera que este auto "aclara la situación de las motos, que habían sido inmovilizadas de forma indiscriminada por la GIAT [Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico]

Y añaden: "La inmovilización queda sin efecto, y los propietarios pueden hacer uso de sus vehículos". Sostienen que el auto ha sido tomado "de conformidad con la Fiscalía", por lo que no será recurrido.

Actualmente, la exclusiva de la venta de motos nuevas de esta marca está en manos de Harley Davidson España, pero no la comercialización de los vehículos de segunda mano. Por eso, varios importadores españoles las compran usadas en Estados Unidos y las venden más baratas aquí, ya que son de segunda mano. Pero para que puedan circular por España deben estar homologadas; es decir, adaptarse a los estándares medioambientales y de seguridad europeos. Para los importadores, las motos americanas y europeas son idénticas -sólo se diferencian en que unas llevan en el bastidor un 1HD y las otras un 5HD-, además de otros detalles que pueden ser corregidos: faros, cuentakilómetros... Pero homologar estas máquinas cuesta unos 1.200 euros, lo que eleva su precio final y hace que las americanas sean menos competitivas.