División peligrosa

Repsol sigue en una grave crisis societaria y no parece que vaya a resolverse antes de diciembre, cuando vence el crédito de 5.000 millones de euros concedido a Sacyr para comprar el 20% del capital de la petrolera. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido, contra la petición del actual equipo directivo de Repsol, que no es necesaria su autorización previa al acuerdo societario entre la constructora Sacyr y Petróleos Mexicanos (Pemex), que domina conjuntamente el 29,8% del capital. La decisión de la CNE refleja la impresión interna mayoritaria de que Repsol no es una empresa regulada y no cabe una intervención pública en acuerdos societarios. También pesa el recuerdo del terrible desgaste que sufrió la CNE cuando el Gobierno utilizó al organismo regulador para frenar la entrada de E.on en Endesa.

El miércoles, el Consejo de Repsol instó a Sacyr y Pemex a disolver su acuerdo societario que, según sospecha la actual dirección, es un intento de sustituir la gestión española por una más cercana a los intereses mexicanos aprovechando la debilidad financiera de la constructora. Sobre Repsol planea, pues, la expectativa de un prolongado y destructivo pulso jurídico entre la dirección y los socios sindicados. Sacyr y Pemex han anunciado acciones legales inmediatas contra las modificaciones en el reglamento del Consejo que preparan la expulsión del Consejo de sus representantes.

Las causas de esta crisis hay que buscarlas en la extrema debilidad de la estructura accionarial de Repsol, condicionada por el hecho de que el capital que posee Sacyr está financiado con un préstamo bancario que la constructora tiene dificultades para amortizar. No es posible sostener un accionariado estable en una petrolera, que necesita periodos largos de maduración del capital, con accionistas que necesitan abundantes retornos de dividendo a corto plazo.

Quedan por aclarar cuestiones políticas relevantes. No se ha explicado si el Gobierno español fue consultado por el mexicano sobre la sindicación. Si lo fue, sería conveniente saber quién dio el visto bueno. No es razonable suponer que el Gobierno mexicano y Pemex actuaron sin comunicar sus intenciones al español. La gestión de Repsol debe continuar en manos españolas; el papel de Pemex tiene que contenerse, al menos, en los límites actuales. Pero lo correcto para conseguirlo es aumentar el capital español en la compañía. La vía del contencioso jurídico es larga y peligrosa.