Palestina y la ONU

Mahmud Abbas puso ayer sus cartas sobre la mesa. El presidente de la Autoridad Palestina (AP) pedirá la admisión de Palestina como Estado independiente número 194 de la ONU. Los obstáculos que se alzan ante ese propósito, sin embargo, son de una magnitud formidable.

La semana próxima la AP presentará la petición de ingreso como Estado ante el Consejo de Seguridad y Washington vetará, cumpliendo con los intereses de Israel, cualquier resolución favorable a la organización. La AP tendrá entonces que dirigirse a la Asamblea General, donde no hay derecho de veto, para pedir a los Estados miembros que se pronuncien sobre la cuestión. Y aunque hay una amplia mayoría -no menos de 130 Estados- favorable a la posición palestina, normalmente, solo podrá conceder algo de lo que se demanda: la elevación del estatuto de la AP -es organización no estatal con carácter de observadora- a Estado, pero también únicamente como observador, sin derecho a voto. Parece probable que la parte palestina deba conformarse con ese premio de consolación. Pero las cosas aún podrían ser mucho peores.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu, ante la evidencia de que algo había que hacer y tras varios meses de lucha entre bastidores contra la iniciativa de la AP, admitiría que se elevara el estatuto palestino en la ONU, pero sin llegar al reconocimiento como Estado. Y eso carece hoy de formulación teórica, por lo que, absurdamente, habría que inventar una nueva forma de pertenecer a la ONU. Y lo peor es que la jefa de la diplomacia de la UE, la británica Catherine Ashton, apoya sin encomendarse a Dios ni al diablo ese movimiento, mientras Francia y España están solicitando a los 27 la plena aceptación de esa condición de Estado, aunque solo sea como observador, para Palestina. Una propuesta israelí en los procelosos términos anteriores solo sería una maniobra encaminada, como acostumbra el Gobierno del Likud, a perder tiempo. La posición franco-española, en cambio, si va respaldada, como ofrecía repetidamente ayer Abbas en su alocución de Ramala, por la reanudación de conversaciones de paz, podría constituir un avance.

La admisión de Palestina como Estado -en palabras de Abbas, sobre un territorio basado en las fronteras anteriores a la guerra de 1967- podría tener más consecuencias. Daría a la AP la posibilidad de ingresar en otras agencias de la ONU y, en especial, llevar a Israel ante el Tribunal Internacional de La Haya por la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este, que el derecho internacional condena sin paliativos. Resulta necesario comprender el temor de Israel a que esto suceda. La iniciativa franco-española exige por ello garantía absoluta de que la AP renunciase a ejercer ese derecho.

Si Israel rechaza sistemáticamente toda propuesta de modificación del estatuto palestino estará diciendo sin matices que la única paz que persigue es la de los vencedores.