Rubalcaba y Duran negocian la abstención de CiU en la reforma

PSOE y CiU han apurado, hasta la votación de hoy en el pleno del Congreso de la reforma constitucional promovida por PSOE y PP, la negociación de las enmiendas presentadas por los nacionalistas catalanes. Lo han hecho pese a las "muy escasas posibilidades de acuerdo", con la pretensión de lograr su abstención. Los socialistas, a través de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los convergentes, por medio de su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, mantuvieron a través del teléfono la negociación hasta última hora para poner a cubierto su responsabilidad ante una reforma constitucional, ya que CiU estuvo en el consenso de la Ley Fundamental de 1978.

También conversó con Duran la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. A última hora de ayer, todo apuntaba a que CiU se abstendría en la votación de hoy en el pleno, lo que los negociadores socialistas y populares consideraban un avance, ya que el martes la representación nacionalista ni siquiera votó la toma en consideración de la propuesta de reforma.

Las enmiendas de CiU reclaman para Cataluña autonomía financiera

Tanto PSOE como CiU reconocieron la dificultad de ponerse de acuerdo ante las ocho enmiendas presentadas por los nacionalistas catalanes. Dichas enmiendas defienden, básicamente, que sean los parlamentos autonómicos, y no el nacional, como consta en la propuesta de reforma constitucional del PSOE-PP, los que tengan la última palabra en las decisiones que afecten al déficit de las comunidades autónomas.

El propio Duran adelantó el sentido de sus enmiendas: "La línea roja en las negociaciones con los dos grandes partidos radica en que no se limite la capacidad financiera de Cataluña".

De ahí que la pretensión de Rubalcaba, que ha encabezado la negociación por parte del PSOE, fuera lograr el cambio de CiU desde la no votación a la abstención.

CiU rechaza en sus enmiendas que una ley estatal fije el déficit estructural máximo permitido a las comunidades autónomas, como señalaba el apartado 2 del artículo 135 reformado de la Constitución. Rechaza, también, que sea una ley estatal la que autorice la emisión de deuda pública o de crédito, tal y como señala el apartado 3 del mismo artículo. Propone, a cambio, que todos esos asuntos los decidan los parlamentos autonómicos.

También exige CiU que las excepciones a los límites de déficit estructural y volumen de deuda que plantea la reforma constitucional -catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinarias- sean decididas por los parlamentos autonómicos en los casos que afecten a las comunidades autónomas.