Mas dice que la renta mínima se habría quedado sin dinero en octubre

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, subió ayer el tono en la catarata de mensajes lanzados en los últimos días desde la Generalitat contra el supuesto fraude en el cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda de último recurso que perciben 34.000 familias y de la que dependen 110.000 personas en Cataluña. Mas aseguró que si no se hubiera actuado contra el "abuso" en el cobro de la renta mínima, "en octubre" ya no habría quedado dinero para pagarla hasta fin de año, lo que sugiere que el fraude en esta ayuda es masivo.

Las afirmaciones de Mas contrastan con lo sostenido en los últimos días por trabajadores sociales, expertos e incluso por la presidenta del Consejo Asesor en Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat, Teresa Crespo, que estiman que el fraude no supera el 2%. El sector, además, se ha mostrado muy crítico con la caótica gestión de la revisión de esta ayuda, que ha dejado durante semanas a decenas de miles de familias sin los 420 euros mensuales con los que deben sobrevivir. Los trabajadores sociales lamentan también que el Gobierno estigmatice con estos mensajes a las capas más desfavorecidas de la sociedad.

La renta mínima de inserción es la ayuda de último recurso que perciben quienes no tienen otro ingreso y se hallan en riesgo de exclusión social. Quienes la perciben deben seguir programas de inserción laboral o social. El coste anual de la ayuda es de 130 millones de euros, cifra inferior en 20 millones a lo que el Gobierno de Mas perdonó a las 1.000 familias con mayor patrimonio de Cataluña al liquidar el impuesto de sucesiones.Mas hizo estas declaraciones durante una visita a las fiestas del barrio de Gràcia, en las que añadió que su Gobierno -en referencia a los consejeros de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y Bienestar Social, Josep Lluís Cleries- no tiene ningún problema en ir al Parlament a dar explicaciones sobre esta cuestión.

PSC, ERC e ICV, con el apoyo del PP y Ciutadans, forzaron la pasada semana a los dos consejeros, responsables de la gestión de la renta mínima y del caos en su revisión, a comparecer ente la Diputación Permanente del Parlament, un hecho excepcional que en los últimos años solo se ha producido tras crisis como la tragedia de Horta de Sant Joan, en la que murieron cinco bomberos, y el gigantesco apagón ocurrido en Barcelona en 2007.

Cleries y Mena decidieron, sin avisar a los afectados, Ayuntamientos y profesionales, cambiar este mes el sistema de pago de la renta mínima este mes, que no se ha hecho por la habitual transferencia bancaria, sino mediante el envío por correo de un cheque bancario. Esto ha causado que decenas de miles de personas recibieran el cheque con muchos días de retraso, en el mejor de los casos, o que no les haya llegado.

Empresa y Bienestar también llamaron a revisar los expedientes de 10.000 beneficiarios, pero sin prever la avalancha de trámites que esto generaría, lo que ha colapsado las oficinas del Gobierno catalán y ha dejado fuera de servicio a los teléfonos de información.