Los retrasos y la escasez de medios judiciales protagonizan las quejas al Defensor del Pueblo

Las dilaciones indebidas en los procesos judiciales, así como la escasez de medios humanos y materiales para administrar justicia constituyen sendas fuentes de quejas ante la Oficina del Defensor del Pueblo, como consta en su informe correspondiente al año 2010, que se presentó ayer. Considera la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, como también lo han recogido varias sentencias, que una justicia lenta no es justicia.

El incremento de la litigiosidad "se ha agudizado con motivo de la crisis económica" y en esta área se han iniciado 3.540 expedientes de queja referidos a todas las jurisdicciones, aunque se señala que en la de lo civil "no se presentan plazos de retraso tan llamativos como en años anteriores". Sin embargo, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la situación sigue siendo "preocupante". Algún ciudadano se ha quejado de un proceso iniciados en enero de 2010, que se ha admitido a trámite meses después y para el que se cita a las partes en enero de 2015.

El informe considera "ineludible" solucionar el "colapso" en el que se encuentra el Registro Civil Central, que impide que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Se ha iniciado una investigación por los problemas que está ocasionando el registro de matrimonios contraídos en el extranjero que no se pueden inscribir.

Los retrasos en la ejecución de las resoluciones judiciales también preocupan. "El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas incluye también la ejecución de las resoluciones", se lee en el informe. A pesar de todo, la defensora cree que "sería una equivocación" hacer reformas legales para agilizar los procesos por las "consecuencias negativas" que pueden tener para los ciudadanos y dada la "disminución de los recursos públicos disponibles".

La crisis, efectivamente, ha originado buena parte de las quejas que el año pasado plantearon los ciudadanos ante la defensora del pueblo. Los recortes salariales de los funcionarios y de otros trabajadores han generado miles de reclamaciones colectivas. También el desamparo en el que se encuentran las familias cuando no pueden pagar las hipotecas o por la subida de impuestos. La Oficina del Defensor recomienda que se dé por zanjada la deuda de los hipotecados con la entrega de la casa, y que se alivie la carga que para algunos ciudadanos supone el impuesto de bienes inmuebles.

Este año se han recibido un total de 34.674 quejas, muchas de ellas colectivas.