Los acusados de dar licencias irregulares en el Eixample aseguran que lo hacían de forma legal

El inspector del Ayuntamiento de Barcelona Eduardo Cabestany, principal acusado de una presunta trama corrupta dedicada a tramitar licencias a cambio de dinero en el Eixample de Barcelona, negó ayer los hechos. Cabestany admitió que gestionó licencias de distintos locales a través de su despacho particular. Pero aseguró que lo hizo, en todos los casos, de forma legal. Cabestany se sentó ayer en el banquillo de los acusados junto a otras siete personas. Entre ellos está el ingeniero Joaquim Quílez, imputado en otra causa sobre presuntos sobornos en Ciutat Vella y en libertad provisional por la trama de los macroburdeles Riviera y Saratoga.

Cabestany, apartado del servicio por el Consistorio, fue inspector de licencias del Eixample desde 2003. Según el relato de la fiscalía, el responsable municipal habría facilitado y agilizado la concesión de licencias a propietarios de locales de ocio que él mismo había tramitado a través de su despacho de ingeniería. Eso, a pesar de la incompatibilidad entre ambos trabajos. Los propietarios de una docena de locales -hostales, restaurantes y centros de masaje, entre otros- pagaban por el trámite, pero desconocían el proceder de los acusados.

El funcionario admitió que hizo firmar algunos de los proyectos a su cuñado, propietario de una empresa de instalaciones, porque él, dada su condición, no podía hacerlo. Cabestany insistió, no obstante, en que todo aquello es perfectamente legal. Lo demuestra, a su juicio, el hecho de que ninguna de las licencias concedidas en su día (entre 2000 y 2004) ha sido revocada. "Nunca hubo comisiones, ni pagos, ni licencias falsas", declaró en la primera sesión del juicio, celebrado en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona.

Cabestany contaba, para tramitar sus licencias, con el apoyo interesado de Joaquim Quílez. Este negó los hechos y recalcó que conocía al inspector igual que conoce "a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona". "Yo he realizado el 99% de las licencias de los hoteles de Barcelona", se jactó Quílez. El ingeniero insistió en que se limitaba a sacar adelante los expedientes de sus clientes y a "machacar al Ayuntamiento", sin incurrir por ello en ninguna ilegalidad, informa Europa Press.