Doble rasero

Es bien sabido que los dirigentes de los partidos -estén en el Gobierno o en la oposición- tienen una visión puramente utilitaria de la Administración de la Justicia cuando los escándalos de corrupción les afectan. Aun sin llegar a los extremos grotescos de la Italia de Silvio Berlusconi, la España contemporánea ofrece abundantes ejemplos de la subordinación valorativa que hacen los políticos de lo justo o de lo injusto en función de sus propios intereses electorales. Si hasta ahora el blanco de las diatribas del PP había sido fundamentalmente la magistratura, ahora le llega también el turno a la fiscalía, una institución regulada por el Título VI de la Constitución sobre el Poder Judicial. Lamentablemente, las consecuencias deslegitimadoras para el Estado de derecho de los embates de los profesionales del poder contra los tribunales y el ministerio público refuerzan el escepticismo de la ciudadanía respecto a la justicia.

Dirigentes del PP acusan a la fiscalía de mirar hacia otro lado en los escándalos que salpican al PSOE

La diabolización actual de magistrados y fiscales con nombres y apellidos es compatible con su santificación pasada o futura: todo depende de los perjuicios o de los beneficios recibidos por los partidos en procesos específicos. Así ha ocurrido con el magistrado Baltasar Garzón, imputado en el Supremo por delitos de prevaricación en tres causas diferentes y suspendido cautelarmente como titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Ensalzado hasta la náusea durante los años noventa por los portavoces orgánicos y mediáticos del PP como heróico instructor del sumario Marey, que desembocó en la condena del ministro y del secretario de Estado de Interior del Gobierno de Felipe González, el papel de Garzón en la investigación judicial del caso Gürtel, una trama político-mafiosa que operaba en las comunidades de Madrid y Valencia gobernadas por el PP, ha cambiado las tornas.

También el sumario que se ocupa de las andanzas de Francisco Correa y sus terminales dentro del PP es el origen de la campaña lanzada por el principal partido de la oposición contra la fiscalía, acusada de perseguir en falso cargos públicos estatales, autonómicos y municipales de afiliación popular y de arrastrar los pies en los escándalos del PSOE. Haciendo suya la consigna futbolística de que la mejor defensa es un buen ataque, la secretaria general del PP, Cospedal, ha replicado a la petición fiscal de una pena de 41.000 euros contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho impropio (el regalo de unos trajes y corbatas) con la salida de pie de banco de imputar al ministerio público "un ataque político en toda regla" y el empleo de un doble rasero para eximir al PSOE de cualquier responsabilidad en los casos de Mercasevilla, los ERE andaluces y El Faisán vasco. Pero no son los jueces y los fiscales, sino los partidos quienes aplican varas de medir diferentes para absolverse a sí mismos del pecado de corrupción y condenar en cambio a sus adversarios electorales por idéntica causa.