La cascada de multas de la Generalitat fuerza el cierre de TV-3

TV3 dejó de verse anoche en territorio valenciano. Acció Cultural del País Valencià, la asociación cultural promotora de los repetidores que había permitido la recepción de la señal durante 25 años, decidió desconectarlos ante el convencimiento de que la cascada de multas impuestas por la Generalitat, que se ha incrementado a tres meses de las elecciones autonómicas y locales, la colocaban ante un dilema insalvable: o apagaba los repetidores o la entidad corría el riesgo de terminar completamente arruinada.

Aunque la larga disputa jurídica sigue en los tribunales (el caso está ahora en el Tribunal Supremo), la Generalitat comunicó hace una semana a la entidad cultural que disponía de 40 días para abonar dos multas por un importe total de 600.000 euros por mantener abierta la señal. Si el 20 de marzo no ha hecho efectivo el pago, el Consell procederá a embargar las cuentas y los inmuebles de Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

La presión del Gobierno valenciano siguió aumentando y el miércoles la entidad recibió dos nuevos requerimientos en los que la Generalitat advertía que le impondría 120.000 euros de multa por cada mes que se mantuvieran las emisiones de la televisión pública catalana.

Motivación política

Acció Cultural emplazó a los medios de comunicación para exponer hoy su análisis de la situación, pero su portavoz adelantó ayer que la entidad realizaba una doble lectura de lo sucedido: una comunicativa y otra política. La segunda no es difícil de descifrar. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. A diferencia de la televisión pública valenciana, donde los serios problemas judiciales en los que se encuentra inmerso el presidente Francisco Camps no existen, en TV3 (y en casi todos los demás canales) se ofrece regularmente información al respecto.

ACPV ya pagó el año pasado una multa de 127.000 euros. Diga lo que diga posteriormente la justicia, tendrá que abonar 600.000 euros antes del 20 de marzo para evitar ser embargada. A pesar de las movilizaciones a favor de la libertad de expresión que ha impulsado en los últimos años, la dirección de la entidad consideró inasumible afrontar la nueva sanción de 120.000 euros al mes.