Un empresario ajeno a la UTE adjudicataria gestiona la piscina investigada en Málaga

La Unión Temporal de Empresas (UTE) que resultó concesionaria de la piscina municipal de El Puerto de la Torre de Málaga lo es solo en apariencia, y las decisiones sobre la gestión del centro las tomaría en realidad en la sombra Enrique Vega, empresario y directivo de una asociación cívica próxima al PP, Central Ciudadana.

Aunque formalmente Vega no tiene vinculación societaria ni contractual con las dos sociedades que forman la UTE adjudicataria, la propia Fundación Deportiva Municipal lo reconoce de facto como gestor, al haberle enviado diversa comunicación sobre asuntos relacionados con la gestión del centro. Por ejemplo, en febrero de 2010 el Ayuntamiento le envió una carta en la que le instaba a saldar una deuda con Endesa por el suministro eléctrico a la instalación.

En julio del mismo año la Fundación Deportiva emplazó a Vega por escrito a solucionar una serie de deficiencias sobre las que se habían producido numerosas quejas de los usuarios sobre suciedad en las instalaciones, carencias, falta de agua caliente en las duchas y robos en los aparcamientos. Por qué estas comunicaciones se realizaron a Vega y no a los verdaderos titulares de la concesión es uno de los extremos que debe aclarar la investigación judicial sobre la concesión.

Vega fue el mediador que el concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, presentó a su amigo Antonio López Belda, gestor de instalaciones deportivas, para que le buscara un socio con el que aliarse para concurrir al concurso de adjudicación de la piscina. López Belda, que finalmente resultó adjudicatario en alianza con el promotor Augusto Parody ha declarado a la fiscal que se subcontrataron servicios de la piscina con sociedades de Vega a precios abusivos que resultaron una asfixia económica para la adjudicataria.

El grupo municipal del PSOE solicitó ayer al equipo de Gobierno del PP una relación de todas las subvenciones, convenios y contratos realizados con sociedades vinculadas con Vega en 2009 y 2010. Los socialistas dicen tener constancia de la existencia de al menos nueve concesiones por 300.000 euros en 2009. IU ha solicitado el rescate de la concesión.