El Defensor del Pueblo arremete contra la oficina de extranjería de Barcelona

El funcionamiento de la Oficina de Extranjeros de Barcelona deja mucho que desear. Como el personal es insuficiente, los trámites se acumulan y los inmigrantes sufren las consecuencias en sus vidas diarias. Son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por el Defensor del Pueblo tras un escrito presentado por la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE) en el que denunciaba el pésimo trato que se dispensa a los inmigrantes en las oficinas que tramitan, entre otros, los permisos de residencia y las reagrupaciones familiares.

El informe remitido por el Defensor del Pueblo a la Administración detalla en 10 puntos las principales deficiencias detectadas en las oficinas de Barcelona durante una visita efectuada a finales del año pasado. La mayor parte del problema reside, según el documento, en la carencia de personal, que resulta "claramente insuficiente" para abordar el elevado número de expedientes que se tramitan.

Más de 55.000 expedientes aún estaban en trámite a finales de 2010

Solo en 2010, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona resolvió 287.416 expedientes. Casi la mitad de ellos son renovaciones del permiso de residencia. En este capítulo, los retrasos han sido especialmente notables, como precisa la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, que expresa su "preocupación" por la resolución de los recursos administrativos. El 31 de diciembre, 55.331 expedientes seguían aún en trámite entre renovaciones, reagrupaciones familiares y permisos por arraigo.

¿Por qué no da abasto el personal de las oficinas? El informe del Defensor apunta algunos motivos. Por ejemplo, "los funcionarios transferidos desde la Oficina de Extranjeros a la Generalitat", cuyo número resulta "desproporcionado". Con el nuevo Estatuto, el Gobierno catalán asumió algunas competencias en materia de inmigración; entre ellas, la posibilidad de conceder, de forma compartida, las autorizaciones iniciales de trabajo. Para asumir esa competencia, el Estado le cedió funcionarios. Pero estos tienen poca carga de trabajo porque, en plena crisis, "casi nadie se apunta para trabajar", subrayaron fuentes del Defensor del Pueblo.

Además de insuficiente, el personal está mal preparado. La mayoría de los funcionarios recogen expedientes, pero son pocos los que disponen de formación para resolverlos con agilidad, señalan las mismas fuentes. Estas carencias, precisa el informe, han obligado a "abandonar servicios tan importantes como la atención telefónica o por correo electrónico". El sistema de cita previa también es mejorable y las instalaciones "no son adecuadas para atender al público". Por ejemplo, las del paseo de Sant Joan, que "carecen de suficiente ventilación".

La presidenta de ACPE, Olga Hernández, se mostró satisfecha por el informe, aunque subrayó que debería ir más allá en las "arbitrariedades" que, a su juicio, sufren los extranjeros. "Durante tres semanas no han admitido a trámite muchos expedientes para intentar solucionar el colapso. Una vez más, los perjudicados han sido los extranjeros", dijo.