La falta de independencia de la justicia frena el desarrollo marroquí
"Otros países recurren al Ejército o a la policía para controlar la política, pero en Marruecos echamos mano del sistema judicial"
La justicia en Marruecos no es independiente y los magistrados son con frecuencia incompetentes. El pésimo funcionamiento del tercer poder es un "impedimento en el desarrollo del país". "El uso sistemático del aparato judicial para alcanzar objetivos políticos socava además los esfuerzos loables para impulsar la reforma de la justicia y la transparencia".
Después de haber consultado a varias personalidades y expertos, incluidos algunos jueces y fiscales en activo, la Embajada de EE UU en Rabat hizo, a finales de agosto de 2009, una descripción sombría del funcionamiento de la Justicia en Marruecos.
Abelaziz Nouyidi, abogado y defensor de los derechos humanos, resume una opinión generalizada: "Cuando se trata de algo político la independencia es igual a cero. Cuando de trata de algo relacionado con la prensa la independencia es igual cero. En los demás casos hay algo más de margen para ser independiente, pero tampoco mucho".
Un juez que no sigue las directrices puede ser enviado al desierto
Los magistrados desconocen a veces la legislación y la aplican mal
Nouyidi recuerda que estaba en el despacho de un juez cuando este recibió una llamada del Ministerio del Interior. El magistrado explicó al teléfono que había cumplido: "La sentencia ha sido lo que usted quería".
Con más crudeza un fiscal confiesa a la Embajada estadounidense: "Otros países recurren al Ejército o a la policía para controlar la política, pero en Marruecos echamos mano del sistema judicial".
Numerosos ejemplos lo avalan. Said Yabou, del partido Istiqlal que lidera el primer ministro, fue elegido en 2009 alcalde de Youssoufia, un suburbio de Rabat, frente a un candidato del Partido Autenticidad y Modernidad, fundado por Fouad Alí el Himma, gran amigo del rey Mohamed VI.
Inmediatamente después de ganar la votación, Yabou "fue detenido, transgrediendo el procedimiento judicial, e inculpado por estafa". "Fue rápidamente declarado culpable, condenado a dos años de cárcel y perdió" el cargo de alcalde. Lo sucedido "ilustra cómo el aparato judicial puede ser utilizado para alcanzar objetivos políticos", señala el informe de la embajada.
Para convencer a los jueces de que sigan las instrucciones, el Ministerio de Justicia "no se necesita molestar" al equivalente marroquí del Consejo General del Poder Judicial español. "Si el ministerio quiere castigar a un juez por ser demasiado independiente (...) le basta con nombrarle en un puesto no deseado, en algún lugar del desierto, y no permitirle que ascienda en el escalafón", explica un magistrado.
"La capacidad del Ministerio de Justicia de promocionar o trasladar a los jueces hace que les resulte difícil contradecir las instrucciones de la autoridad incluso cuando la sentencia que se disponían a promulgar fuese acorde con la ley", escribe el encargado de Negocios.
El titular de Justicia, Mohamed Taieb Naciri, es un ministro llamado de "soberanía", es decir directamente nombrado por el rey Mohamed VI.
No solo el Ministerio de Justicia ejerce una influencia sobre los jueces, sino el Tribunal Supremo y los que "tienen acceso o los amigos del palacio real", asegura el abogado Abelaziz Nouyidi.
Tal es el grado de perversión de la justicia que "cuando los jueces no reciben instrucciones explícitas sobre un determinado caso actúan normalmente en línea con lo que ellos creen que son las preferencias del ministerio", afirma el letrado Nouyidi.
No solo el peso decisivo del ministerio perjudica la independencia de los jueces. Filali Meknassi, de la rama marroquí de la organización Transparency Internacional, "subraya que la creciente propensión a la corrupción ha hecho que los jueces sean dóciles y no se quejen cuando reciben instrucciones de arriba".
Al final de su carrera un juez puede llegar a cobrar 3.050 euros mensuales, pero ese sueldo no se corresponde con el espléndido tren de vida del que disfrutan muchos magistrados, sostiene Meknassi.
Por último, la incompetencia de los jueces es otro obstáculo que dificulta su independencia. Un magistrado reconoció a los diplomáticos de EE UU que "un número sorprendentemente elevado de jueces no conocen lo suficientemente bien la legislación como para aplicarla correctamente (...)". Recurren a las orientaciones del Ministerio de Justicia como una "muleta" para compensar sus deficiencias.
Aunque el informe no lo recuerda, la ausencia durante largos años de constructoras españolas en Marruecos tiene su origen en una sentencia judicial. En 1999 la empresa española FCC demandó a la Dirección de Puertos del Ministerio de Obras Públicas por el incumplimiento del contrato de ampliación de los muelles pesqueros de Agadir. El tribunal administrativo condenó a FCC a una multa de 11 millones de euros.
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