Violencia e inmigración

El espacio cada vez más amplio ocupado en el ordenamiento jurídico español por las resoluciones creadas a través del mecanismo triangular formado por la Comisión de Bruselas, el Parlamento de Estrasburgo y el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) hace necesario seguir con atención ese complejo proceso. Aunque la normativa europea no sea recibida siempre por los ciudadanos de los diferentes países con la alegre inocencia del vecindario berlanguiano de Villar del Río en Bienvenido Mister Marshall, dos novedades producidas esta semana merecen el aplauso.

La Eurocámara aprobó esta semana un proyecto de euroorden -apoyado sobre el informe de la socialista Carmen Romero y la popular Teresa Jiménez Becerril- para el cumplimiento en todo el territorio de la UE de las medidas de protección de las víctimas de la violencia dictadas originalmente en alguno de los países miembros. La inicial limitación de su articulado a la violencia de género ha sido ampliada para incluir también el terrorismo, la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, la mutilación de genitales femeninos y las bodas forzosas. No es seguro, sin embargo, que esta iniciativa de 12 países, respaldada por el Parlamento de Estrasburgo, llegue a convertirse en directiva: la resistencia de la comisaria de Justicia de la Comisión y el eventual bloqueo dentro del Consejo de la UE podrían hacerla naufragar.

La Eurocámara aprueba una orden a favor de las víctimas de la violencia y rechaza una directiva sobre inmigración

La Eurocámara también ha rechazado, gracias a la alianza de eurodiputados socialistas y liberales frente al bloque popular, un proyecto de directiva de permiso único dirigido a los ciudadanos procedentes de otros países del mundo que aspiran a residir y trabajar dentro de las fronteras de la UE. Pese a la retórica humanista de los discursos y las exposiciones de motivos de las normas, malos tiempos corren para los inmigrantes desde que la crisis ha transformado en huéspedes incómodos a los trabajadores bienvenidos durante la época del auge. Ya en 2008, la directiva del retorno dictó un plazo perentorio de entre 7 y 30 días para el regreso voluntario a sus países de los sin papeles llegados a la UE en los años de prosperidad; la alternativa sería la expulsión forzosa de los inmigrantes indocumentados o su internamiento sin cargos delictivos hasta 18 meses.

Esta nueva directiva de permiso único, anunciada a bombo y platillo como marco complementario de una política global de inmigración, incluye peligrosas zonas de sombra donde acechan la discriminación, las derogaciones de derechos y la exclusión. La simple posibilidad de que algunas empresas multinacionales domiciliadas en la UE pudieran llegar a contratar trabajadores extracomunitarios en las condiciones laborales comparativamente peores de sus países de origen o de que se negara a los perceptores de pensiones el derecho a cobrarlas si regresaran a su tierra natal, exige un amplio debate sobre los graves riesgos que amenazan a los fundamentos mismos de la Europa democrática.